Capitalismo y libertad CAPÍTULO II

CAPITULO 2: LA FUNCIÓN DEL ESTADO EN UNA SOCIEDAD LIBRE

Una de las objeciones que se suelen hacer a las sociedades totalitarias es que, para ellas, el fin justifica los medios. Está claro que si se toma literalmente, esta objeción no es lógica. Si el fin no justifica los medios, ¿quién los va a justificar? Pero esta salida fácil no nos libra de la impugnación anterior; nos prueba, simplemente, que la objeción estaba bien presentada. El negar que el fin justifique los medios equivale a afirmar indirectamente que el fin en cuestión no es el fin último, que el fin último es precisamente el uso de medios apropiados. Cualquier fin, deseable o no deseable, que pueda obtenerse solamente mediante el uso de medios malos, debe ceder el paso al fin más fundamental, que es el de usar medios aceptables.

Para un liberal, los medios apropiados son la libre discusión y la cooperación voluntaria, lo cual implica que toda forma de coerció n es inapropiada. El ideal es que entre los individuos responsables haya unanimidad, conseguida a base de discusión libre y completa. Esto no es más que otra forma de expresar la meta de la libertad, presentada en el capítulo anterior.

Desde este punto de vista, la función del mercado, como ya hemos explicado, es que permite la unanimidad sin conformidad; que es un sistema de representación proporcional efectiva. Por otra parte, lo característico de la acción mediante canales expresamente políticos, es que tiende a exigir o a imponer una conformidad sustancial.

Las cuestiones normales hay que decidirlas con “sí” o “no”; a los más, puede que haya un número de alternativas muy limitado. Ni siquiera el uso de la representación proporcional en su forma expresamente política altera esta conclusión. El número de grupos separados que pueden estar realmente representados es muy limitado, enormemente limitado si lo comparamos con la representación proporcional del mercado. Lo que es más, el hecho de que el resultado final tenga que ser generalmente una ley aplicable a todos los grupos, y no un acto legislativo separado para cada parte representada, quiere decir que la representación proporcional, en su versión política, lejos de permitir la unanimidad sin conformidad, tiende hacia la ineficacia y la fragmentación. Por tanto, su funcionamiento destruye todo consenso sobre el que pueda basarse la unanimidad con conformidad.

En algunas cuestiones resulta obvio que la representación proporcional efectiva es imposible. Yo no puedo conseguir la cantidad de defensa nacional que yo quiero, y otra cantidad diferente para usted. Sobre estas materias indivisibles podemos argüir, discutir y votar. Pero una vez que se haya decidido tenemos que conformarnos. Precisamente la existencia de estas cuestiones indivisibles (la protección del individuo y la nación contra la coerción, son claramente las cuestiones más fundamentales), es lo que impide que haya una dependencia exclusiva en la acción individual mediante el mercado. Si hemos de usar algunos de nuestros recursos en estas cuestiones indivisibles, tenemos que usar canales políticos para reconciliar las diferencias.

El uso de los canales políticos, pese a ser inevitable, tiende a dificultar la cohesión social, que es esencial para una sociedad estable. Esta dificultad es mínima, cuando sólo se necesita alcanzar un acuerdo de acción conjunta en un número limitado de cuestiones en las que, en todo caso, la gente ya tenía opiniones semejantes. Toda ampliación de número de cuestiones para las que se necesita un acuerdo explícito, recarga aún más los delicados hilos que mantienen unida a la sociedad. Si llega a tocar una cuestión en la que haya profundas diferencias entre unos individuos y otros, puede llegar a romper el orden de la sociedad. Las diferencias fundamentales en cuanto a valores básicos no pueden resolverse en las urnas nunca o casi nunca; en última instancia, solo pueden decidirse, aunque no resolverse, mediante un conflicto. Las guerras religiosas y civiles de la historia son sangriento testimonio de esta afirmación.

El amplio uso del mercado reduce la sobrecarga que sufre el entramado social, ya que en todas las actividades que abarca hace innecesaria la conformidad. Cuanto más amplio sea el número de actividades cubiertas por el mercado, menor será el número de cuestiones en las que se requieren decisiones expresamente políticas y, por tanto, e n las que es necesario alcanzar un acuerdo. A su vez, cuanto menor sea el número de cuestiones en las que se necesita un acuerdo, mayor será la posibilidad de alcanzar un acuerdo al mismo tiempo que se mantiene libre la sociedad.

Claro que la unanimidad es un ideal. En la práctica ni podemos permitirnos ni el tiempo ni el esfuerzo que haría falta para conseguir unanimidad en todas las cuestiones. A la fuerza, tenemos que conformarnos con menos. Así es que tenemos que aceptar como solución la decisión de la mayoría, adoptada de una forma o de otra. El adoptar las decisiones de la mayoría es una solución práctica y no un principio básico. Esto se ve claramente en el hecho de que nuestro deseo de recurrir a la regla de la mayoría, y el tamaño de la mayoría exigida, dependen de la seriedad de la cuestión de que se trate. Si la cuestión tiene poca importancia y a la minoría no le importa mucho el ser denotada, bastará la simple superioridad de un voto. Por otra parte, si a la minoría le importa mucho la forma en que se resuelva la cuestión, no bastara con una simple mayoría de votos. Muy pocos de entre nosotros estaríamos de acuerdo en que cuestiones como la libertad de palabra, por ejemplo, se decidieran a base de una simple mayoría. Nuestra estructura legal está llena de distinciones, entre las clases de cuestiones que requieren diferentes clases de mayorías. Un ejemplo extremo son las cuestiones incluidas en la Constitución. Estos son unos principios tan importantes que no queremos hacer la más mínima concesión por ningún motivo. Al aceptarlos inicialmente se consiguió un consenso esencial, y exigimos que para cambiarlos haya el mismo consenso.

La ordenanza de refrenarnos de usar la regla de la mayoría en ciertos tipos de cuestiones incluidas en nuestra Constitución, y en otras constituciones escritas o no escritas, y los apartados específicos en los que se prohíbe la imposición de la fuerza sobre los individuos, hay que considerarlos como conclusiones alcanzadas tras libre discusión, y reflejan una unanimidad esencial en cuanto a los medios.

Ahora voy a considerar más específicamente, aunque todavía en términos generales, los campos en los que el mercado no puede resolver los problemas, o puede hacerlo sólo a un costo tan elevado que es preferible usar los canales políticos.

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