Ejecución Del Laudo

Introducción

La reforma constitucional en materia de energía aprobada por el congreso de la unión dará un paso rumbo a una modernización del sector energético de nuestro país, sin privatizar a las empresas publicas dedicadas a los hidrocarburos y la electricidad.

Petróleos mexicanos y la comisión federal de electricidad serán dotados de mayor autonomía y de un nuevo carácter como empresas productivas del estado.

La reforma surge del estudio y valoración de los elementos de distintas iniciativas presentadas por partidos políticos en el congreso, deberá ser aprobada por la mayoría y entrar en vigor.

La reforma energética busca:

° Mantener la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos.

° Modernizar y fortalecer, sin privatizar a PEMEX y a CFE.

° Permitir quela nación ejerza de manera exclusiva la planeación y control del sistema eléctrico nacional.

° Brindar mejores precios de energéticos

° Garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

° Combatir la corrupción en el sector energético

° Fortalecer el desarrollo a largo plazo a través del fondo mexicano de petróleo.

° Impulsar el desarrollo social y protegiendo el medio ambiente.

° Atraer inversión al sector energético del país.

° Reducir los riesgos financieros, geológicos y ambientales.

Marco Histórico

La Constitución de 1917, estableció en su artículo 27 el dominio de la Nación sobre todos los minerales, entre ellos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, además daba al Ejecutivo Federal la posibilidad de que los particulares extrajeran para su aprovechamiento el petróleo y demás hidrocarburos, bajo la figura de la concesión.

Diciembre de 1938, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río impulsó la primer reforma energética, la cual mantenía la propiedad exclusiva del Estado sobre los recursos en el subsuelo, suprimía las concesiones sobre el petróleo y los carburos de hidrógeno ya que la concesión confería a particulares los derechos para explotar y aprovechar bienes del dominio nacional y consideraba como derecho exclusivo del Estado el explotar los hidrocarburos mediante las formas estipuladas en una ley secundaria.1 La iniciativa fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 1940.

En 1958 se expidió una nueva Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional que eliminó la posibilidad de celebrar contratos con particulares en la explotación y reservó todas las actividades de la industria petrolera a Petróleos Mexicanos

En febrero de 1983 se reformaron los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución para establecer que no constituyen monopolios las funciones exclusivas que el Estado ejerza en áreas estratégicas de petróleo y demás hidrocarburos, así como petroquímica básica

Iniciativa de los partidos

Dentro de las mesas de diálogo del Pacto por México, se tomó la decisión de que no habría una sola propuesta del Pacto, si no que partido político presentaría la suya y sobre ello buscarían los acuerdos, en donde el Partido Revolucionario Institucional acompañaría la iniciativa presidencial.7

La propuesta de reforma constitucional del Partido Acción Nacional presentada el 31 de julio de 2013 permitiría que existiesen contratos y concesiones para la explotación del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos; de igual modo propone que la CFE y Pemex dejen de ser monopolios y sean empresas dominantes dentro de un mercado con más competidores, propone la creación de un Fondo Mexicano del Petróleo que administraría la renta petrolera y buscaría su máximo beneficio y que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional de Energía sean organismos autónomos.

La propuesta de reforma del Partido de la Revolución Democrática presentada el 19 de agosto de 2013, no representa una reforma constitucional, si no solo de leyes secundaria y promueve el cambio de régimen fiscal de PEMEX; la autonomía presupuesta y de gestión de CFE y PEMEX; el fortalecimiento de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el ordenamiento de tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad; convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero; establecer una visión tecnológica para el Instituto Mexicano del Petróleo; y la implementación de una transición energética que sustituya energías fósiles por energías limpias.

Petróleo e hidrocarburos

Se elimina del artículo 27 constitucional la restricción incorporada en 1960, que impide la utilización de contratos para la extracción de hidrocarburos del subsuelo. La modificación no altera la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos y mantiene la prohibición de otorgar concesiones que confieran derechos sobre recursos naturales a particulares. Estos contratos, determinados en su forma por la ley reglamentaria correspondiente permiten la participación de los sectores social y privado en la exploración y extracción de hidrocarburos a cambio de pagos en función de los recursos obtenidos.

De igual forma, se suprime del artículo 28 de la Constitución a la petroquímica básica como área estratégica que no constituye monopolio, con esto se permite que los particulares participen directamente bajo esquemas regulados en la cadena de valor después de la extracción, incluyendo el transporte, tanto de petróleo crudo, gas natural y sus líquidos, como de petroquímicos y refinados, a través de permisos que se otorguen en los términos que establezca la legislación secundaria.

Adicionalmente, se reestructura Pemex y sus subsidiarias en dos divisiones: Exploración y Producción, y Transformación Industrial; se cambian las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en Pemex y se establece una política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector hidrocarburos.

Energía eléctrica

Se abre un mercado de generación de energía eléctrica sin que el Estado pierda la rectoría en el control del sistema eléctrico nacional y la exclusividad de transmitir y distribuir la energía como un servicio público indispensable. Lo que se busca es que el sistema eléctrico nacional esté impulsado conjuntamente por la CFE y particulares bajo la conducción del Estado, con el objetivo de reducir costos y elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico, disminuyendo así las tarifas eléctricas. La propiedad de las centrales y las redes de transmisión y distribución de la Comisión Federal de Electricidad que son públicas se mantienen en manos de la Nación.

EXPROPIACIÓN PETROLERA 18 DE MARZO

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