GARANTIAS INDIVIDUALES EN MATERIA ELECTORAL.

GARANTIAS INDIVIDUALES EN MATERIA ELECTORAL.

Tradicionalmente el derecho Constitucional, se ha caracterizado como el conjunto de normas jurídicas que establecen las garantías a favor de los particulares y organizan el Poder Público. En este sentido, la norma es constitucional porque su esencia es constituir al Estado y organizarlo, por lo que la regla de conducta en lo particular se vincula con el derecho político.

En este orden de ideas, es viable sustentar que en un sentido amplio el derecho constitucional se vincula con el derecho electoral, puesto que el segundo se caracteriza como el conjunto de normas jurídicas que regulan la elección de los órganos representativos en una democracia.

A este tenor, el derecho electoral requiere por su naturaleza un tratamiento multidisciplinario, puesto que se vincula con diferentes áreas del estado y del derecho y que no se circunscribe a un sistema jurídico en particular.

En términos descriptivos, podría precisarse que el derecho electoral es el conjunto de normas jurídicas que regulan la titularidad y el ejercicio del derecho de sufragio, activo y pasivo, de la organización de la elección, del sistema electoral, de las instituciones y órganos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral y del control de la regularidad de ese proceso, a fin de generar veracidad y certeza en los resultados.

Sentado lo anterior, es jurídicamente posible encontrar un paralelo de importancia y transcendencia entre lo constitucional y lo electoral, porque lo segundo busca a través de procedimientos e instituciones determinar dentro de la constitución de un estado, a los titulares de la función pública, que sean electos por el pueblo y que determinan las decisiones gubernativas.

De esta manera, es indudable que las características que guarda el derecho constitucional se comparten también por el derecho electoral, al ser parte de un derecho público y referente a la interneidad del estado.

En este sentido, debe destacarse el principio de Supremacía que acompaña a la norma constitucional y que en términos del artículo 133 de la Constitución Federal debe observarse, bajo la rigurosa regla de que nada ni nadie por encima de la Constitución Federal.

A ello, tradicionalmente se le han acompañado mecanismos de control constitucional que tienen como premisa fundamental la adecuación de las leyes y de los actos de un estado o de los particulares a la norma jurídica suprema de un país.

El control constitucional ha estado en constante evolución y se ha permeado de las circunstancias políticas y sociales que desde el siglo XX han caracterizado su auge y crecimiento; en este sentido la defensa de la constitución no se vincula únicamente a fenómenos que impliquen una violación a la normatividad constitucional, sino que abarca todos aquellos instrumentos que coadyuven a que el sistema previsto en la constitución funcione y que los mecanismos predominantemente de carácter procesal permitan lograr la operatividad de las normas fundamentales cuando exista una violación de cualquier tipo, respecto de las normas que son supremas.

Por esta razón, en la evolución del concepto del control constitucional, los mecanismos se han agrupado fundamentalmente, en dos grandes vertientes, a saber: Control Difuso o Abstracto y Control Concentrado u Objetivo.

El primero de ellos, permite en los países que lo practican que los jueces de un país puedan determinar los casos y condiciones en que una norma jurídica o acto de un órgano ordinario resulte contrario a la Constitución Federal; mientras que en los segundos, existen órganos de control especifico que con ciertas formalidades y procedimientos determinan cuando una ley o acto es acorde a la norma constitucional, generalmente identificados como mecanismo de control por órgano político, judicial, mixto y constitucionalmente autónomo.

A la fecha, la justicia constitucional de índole procesal se ha visto involucrada, en un contexto de alternancia en el poder público, de motivos que pretenden que tal justicia sea efectiva en la vigencia de las prerrogativas del gobernado y en particular del ciudadano.

Durante mucho tiempo existió un gran espacio en nuestro sistema constitucional, respecto de la falta de un medio especifico de control de la constitucionalidad respecto de leyes electorales, que permitieran a un ciudadano o a una persona jurídica impugnar la norma cuando su esfera de derechos hubiere sido lesionada por esa ley, respecto de derechos políticos.

Ante la diferencia técnica y procesalista que en México se ha marcado respecto de garantías individuales y derechos político electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha convertido a partir de la última reforma constitucional, en el órgano especializado que en la materia puede resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral, que estime contrarias a la Constitución Federal.

Para efectos de mayor precisión en lo que ahora se apunta conviene transcribir el apartado conducente del artículo 99 de la Constitución Federal, que a la letra dice:

“Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las Salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contraria a la presente constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitaran al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Estoy convencido, que ante la reforma constitucional que ahora se transcribe, nuestro orden jurídico ha iniciado un rumbo, en cuanto al tema del control de la constitucionalidad de las normas y actos emitidos por el Poder Público, de tal suerte que como en varias instituciones del derecho el sistema románico- canónico que nos identificaba ha empezado a tomar características propias del sistema tradicional sajón o de derecho consuetudinario; toda vez que ahora la realidad jurídica se dibuja a través de precedentes jurisprudenciales en donde la ley o el texto literal de la norma constitucional no resulta único en la aplicación del derecho a casos en particulares.

Lo cierto es pues, que ahora en el mundo no se puede hablar de sistemas puros en la tradicional forma de llevar a cabo el control de la constitución en los estados y lo cierto es que el modelo concentrado ha iniciado en México a tener un sistema difuso o abstracto.

En este orden de ideas, estimo necesario, que en el marco de las actividades de este diagnóstico, se ponga en la mesa la necesidad de fortalecer la justicia constitucional en materia electoral en las entidades federativas y que en lo particular se destaque la actividad de los Tribunales y

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