Juicio De Amparo

Ya hemos comentado en este espacio que el cambio en el sistema de justicia penal en México es estructural. Las garantías y principios constitucionales que han de enmarcar las tareas legislativas, administrativas y judiciales en la materia deben ajustarse a una nueva concepción más reparadora del crimen y el castigo. El amparo, con todas sus virtudes, es el gran desafío para todo cambio estructural porque se trata de un juicio fuera de la estructura ordinaria. Ha sido creado y desarrollado para juzgar todo ordenamiento y principio jurídico y procesal. Es, por así decirlo, un “juicio antisistema”, más que un componente de cada rama del derecho. El amparo nació en el terreno del derecho punitivo, entre la debilidad del gobernado y el arbitrario poder de la autoridad sancionadora, y quizás a ello debe su innegable imagen salvadora, más que como un juicio constitucional, como un mecanismo de excepción. La intuición pública es reveladora: prácticamente dos tercios de la población saben de la existencia del amparo y, aunque la mayoría lo identifica con un mecanismo jurídico de protección, casi 40% lo considera como “una forma de no ir a la cárcel”.1 Veamos los eslabones. La Constitución prohíbe la venganza privada: nadie ha de hacerse justicia por propia mano porque existen tribunales dispuestos para impartir justicia pronta y completa de acuerdo con la ley. La Constitución también señala que los jueces de amparo pueden juzgar a esos tribunales y leyes para otorgar el amparo a quien fue sentenciado por ellos y para que este, así, evite la cárcel. Todo esto es, en realidad, una muy mala sinfonía porque la partitura constitucional no ha sido leída correctamente. La respuesta de los amparistas es contundente: el amparo no es para evitar la cárcel sino para evitar injusticias. Es el medio para evitar la violación de las garantías y derechos fundamentales. Es claro que quien recibe una sentencia condenatoria se verá afectado en sus derechos pues de eso se trata toda condena: de restringir o suspender el goce y ejercicio de determinados derechos cuando su titular ha sido declarado responsable de algún ilícito. Así, la diferencia entre las detenciones policiales arbitrarias y la prisión, por ejemplo, es que la privación de la libertad es ilícita en el primer caso y legal en el segundo. Aunque la afectación fáctica del sujeto es idéntica, la legitimidad del suceso es radicalmente distinta. El problema es más complejo cuando se trata de dos personas condenadas por la autoridad judicial y una es liberada por la vía del amparo mientras la otra sigue presa. ¿Cuál de las dos situaciones será más legítima? Si el amparo es el medio de protección de derechos y el mecanismo para salvaguardar la supremacía constitucional, ¿cuáles son los principios que debe proteger y tutelar el amparo en el sistema penal? El artículo 20 de la Constitución señala que “el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá

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