Reforma Politica

Las reformas a los ordenamientos jurídicos son procesos de actualización de las normas, que se llevan a cabo en todos los Estados de derecho democráticos.

Reformar, desde el punto de vista gramatical, significa innovar, cambiar o darle nueva forma a algo.

En la misma acepción puede entenderse también como modificación, variación, corrección o enmienda.

Cuando ese concepto se aplica en el campo del derecho, entonces se habla de movimientos o procedimientos tendientes a variar el texto de una ley o parte de ella, para adaptarla en mayor medida a la realidad social del momento; de tal suerte que cuando se dice reformas legales, indiscutiblemente que se hace referencia a variar el texto o el sentido de la ley.

Bajo ese parámetro, en un sistema jurídico las reformas a las leyes constituyen un acto reiterado que llevan a la práctica los órganos del Estado facultados para tal fin.

El derecho mexicano no está exceptuado de se fenómeno, y mucho menos por lo que se refiere a la legislación electoral. Esto es así, porque las normas que regulan la actividad política del Estado y de la sociedad, deben estar en constante movimiento ante los cambios estructurales del propio grupo, que indudablemente se reflejan en los esfuerzos de los individuos por alcanzar estándares de vida cada vez mejores dentro de una convivencia democrática.

Adaptando las anteriores ideas al derecho electoral, encontramos que las normas que lo integran son susceptibles de ser renovadas, pero esos cambios obedecen a dos tipos de situaciones: la política y la estrictamente jurídica.

El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la Reforma Político-Electoral. El dictamen fue votado y discutido entre el PRI y el PAN, ya que el PRD decidió no participar en la negociación.

Con 106 votos a favor, 15 en contra y una abstención se aprobó el rediseño de las nuevas figuras del sistema político, pero

¿Qué cambios habrá con esta Reforma Político-Electoral?

De entrada el Congreso tendrá relevancia en la ratificación del gabinete presidencial para fortalecer un Estado con instituciones que respondan a las demandas sociales.

Se establece que los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos seguidos y los diputados hasta por cuatro consecutivos. En ambos casos equivale a 12 años. Esa reforma entrará en vigor para los diputados que sean electos en 2015 y los senadores para el 2018.

Pero la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por algún partido de la coalición que los postuló.

Se establecerá un sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones a límites de gastos de campaña, utilización de recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos públicos o la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión.

Se incluye que el presidente de la República podrá optar por un gobierno de coalición con uno o algunos partidos políticos. Si se opta por un gobierno de coalición, el Senado ratificará a los secretarios de su gabinete, excepto los encargados de la Defensa Nacional y Marina.

Además la Procuraduría General de la República (PGR) se transformará en una Fiscalía General de la República y aunque se plantea su autonomía su titular podrá ser removido por el Ejecutivo federal por causas graves.

Las entidades federativas podrán establecer la elección consecutiva para presidentes municipales, regidores y síndicos, hasta por un periodo extra. La postulación sólo será por el mismo partido o alguno que lo haya postulado, o por la vía independiente si así fue electo la primera vez.

Se crea el Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del IFE. Los recursos materiales, humanos y financieros del segundo pasarán al nuevo organismo. Se mantendrán los institutos electorales de los Estados, pero el INE deberá nombrar a sus nuevos 11 consejeros electorales.

También se establece que el porcentaje de votación para mantener el registro como partido político pasará de dos a tres por ciento. Los candidatos independientes tendrán acceso a las prerrogativas y tiempos de difusión para campañas.

Las nuevas leyes electorales deberán publicarse a más tardar el 30 de junio de 2014. Se plantea la creación de una ley que regule la publicidad oficial, pero no se establece un plazo para su promulgación.

A partir de 2024, el presidente electo tomará protesta el 1 de octubre y ya no el 1 de diciembre.

Una reforma institucional de gran alcance concierne no sólo a los políticos profesionales sino a cualquier ciudadano interesado en el funcionamiento de las instituciones y en la vida política del país. Desde la perspectiva del ciudada­no, lo realmente importante de una reforma institucional no es su origen partidario sino

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