Santa Lucia

Misma película, pero con diferente elenco.

Mucho se ha hablado últimamente sobre que es lo que en realidad pasa con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en La Base Aérea de Santa Lucia. Que si es mucho más caro, que si no es un proyecto sustentable o que ¿quién lo construye? Antes de opinar, quisiera poner rápidamente un poco de contexto.

El 3 de enero de 2019, el gobierno mexicano anunció la suspensión de las obras debido al gran número de controversias ecológicas, sociales y políticas que la obra presentaba, dando premisa al nuevo proyecto que lo sustituiría, el Aeropuerto Felipe Ángeles. No es secreto de nadie que en un inicio, el Aeropuerto de Texcoco recibió un gran apoyo por parte del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, millones en inversión como en contratos para el desarrollo de la mega obra de infraestructura más grande en México. Sin embargo, al acercarse las elecciones y el cambio de estafeta para el presidente, no estaba definido si el proyecto continuaría o no. Posteriormente, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a los Pinos, la inversión en construcción más alta en la historia del sector país propia del gobierno de Enrique Peña Nieto, se vendría abajo. A partir de aquí es donde para mí, las cosas comenzaron con el pie izquierdo.

López Obrador tenía encima su promesa de escuchar y hacer lo que el pueblo decidiera, por consiguiente, su estrategia fue realizar la famosa “consulta ciudadana”.  “Desde este jueves y hasta el domingo los ciudadanos podrán participar en esta consulta para decidir si se mantiene el proyecto en Texcoco o se traslada a Santa Lucía.” (Forbes México, 25/10/18.)

De esta manera el presidente ponía la decisión en las manos de los mexicanos. En medio de controversia sobre los pros y contras, con una consulta sin bases, sin regulaciones y puesta como justificación. Sin embargo, los resultados “no mienten”, la decisión era a favor de Santa Lucia.

No es novedad que cuando un partido distinto al anterior llega al poder, hace lo posible por tirar los proyectos pertenecientes a sus antecesores y el Andrés Manuel no ha sido la excepción. Prefirió perder 692 contratos y pagar 71 mil millones de pesos a dejar que un partido que no sea el suyo pueda beneficiarse.

Es por esto que yo me pregunto, ¿en qué momento el país va a dejar de pagar los caprichos del presidente?, ¿cuándo es que el beneficio de los ciudadanos va a superar los intereses personales y financieros de los gobiernos? ¿cuánto tiempo vamos a dejar que nos monten el mismo teatrito? Porque para mí, lo que hace el gobierno es un abuso, pero la culpa es nuestra. Nos pusieron sobre la mesa la opción de elegir, nos dieron la democracia que tanto exigimos. Eso sí, fue una democracia hueca, superficial y sin el valor que merece la libertad de opinar y ser escuchado. Es nuestra culpa por no exigir una consulta justa, con administración y formalidad, que llevara una regulación de proceso igual de profesional como la que una elección presidencial amerita. Una que le permitiera al ciudadano tomar una decisión justificada con base a información y no rumores. La libertad de opinar ejerce no sólo una responsabilidad, sino también el poder de cambio, solo que   han dicho tantas veces que sí somos escuchados, que lo damos por hecho en vez de confirmarlo. El poder de cambio para que las cosas se hagan bien no está en quien se sienta en Palacio Nacional, sino en quienes lo ponen ahí.

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