Caso De Proteccionismo En México

 El embargo atunero: ¿fin del proteccionismo?

La pesca de atún es una actividad de gran importancia en México: en 2010 representó 8% del volumen total de la producción pesquera nacional y el país fue duodécimo productor de atún en el mundo. No obstante, sólo 4% del volumen de túnidos se exportó, pues existe un embargo comercial a las exportaciones mexicanas dirigidas al mercado más grande de conservas de atún: Estados Unidos, adonde se exportaba la mayor parte de la producción nacional. Pero esta situación podría cambiar pronto, ya que en julio del año pasado la Organización Mundial del Comercio (OMC) resolvió que Estados Unidos debe eliminar las barreras a las exportaciones mexicanas de atún aleta amarilla, establecidas mediante el etiquetado dolphin safe. Esta resolución pareciera poner fin a un conflicto comercial añejo entre las dos naciones, que se remonta a principios del siglo pasado y ha llegado hasta nuestros días. Con el propósito de explicar este conflicto y su resolución, a continuación se expondrán los antecedentes del caso, que se han traducido en tres etapas del embargo a las exportaciones mexicanas de atún.

El Primer Embargo

El conflicto tiene una causa de carácter natural, la cual genera una ventaja comparativa entre las dos naciones que favorece a México. El atún aleta amarilla (Thunnus albacares), una especie muy comercial, se localiza en el Océano Pacífico oriental, entre las aguas al sur de California y las de Chile. Por ello, este pez abunda en aguas territoriales nacionales, mientras que en aguas de Estados Unidos no se encuentra. Tan sólo en aguas del Pacífico mexicano se capturó, en 2010, 95% del atún del país.

Esto explica por qué los pescadores de Estados Unidos realizaron captura de atún en territorio mexicano desde 1903. En 1976 el gobierno mexicano declaró su zona económica exclusiva en 200 millas marinas y recurrió a la Armada mexicana para salvaguardar dichas aguas. Cabe resaltar que la Armada detuvo en julio de 1980 seis embarcaciones procedentes de Estados Unidos que operaban en aguas nacionales. La respuesta de Estados Unidos fue imponer, el 14 de julio de 1980, un embargo a las importaciones de atún provenientes de México, medida que generó una crisis en la industria atunera mexicana que se resolvió gracias a las exportaciones de la captura de atún a España. Este primer embargo no afectó la industria nacional, ya que ocasionó la diversificación de mercados al incrementar las exportaciones a otras regiones, como Europa y Japón.

Inclusive, las exportaciones a Estados Unidos aumentaron, pues se triangulaban vía Puerto Rico. Dado que este embargo no tuvo éxito, el gobierno de Estados Unidos decidió levantarlo en 1986, cuando estableció cuotas de importación de atún mexicano, mediante un acuerdo de restricción voluntaria.

El Segundo Embargo

En 1989 el gobierno de Estados Unidos enmendó la Ley de Salvaguardas de Mamíferos Marinos para establecer que los países productores de atún que operaban en el Océano Pacífico oriental y que desearan acceder a su mercado debían informar sobre sus programas y reglas de protección de delfines; en especial, para evitar la muerte de delfines tornillo oriental o panza blanca. Cabe señalar que esta enmienda no afectaba la flota atunera de Estados Unidos, que operaba sobre todo en el Pacífico occidental y en el Atlántico. En esa época, en el mercado internacional existía una sobreoferta de atún, lo que provocó una disminución de precios, al mismo tiempo que los costos de producción se elevaban en Estados Unidos, fenómeno que tuvo como consecuencia una crisis en la industria del atún de esa nación. Un año después, en 1990, el Departamento de Comercio de Estados Unidos estableció la etiqueta dolphin safe para los productos de atún provenientes de los trópicos del Pacífico cuya pesca no implicara de manera deliberada la captura o el cerco de delfines.

Al mismo tiempo, la compañía atunera Starkist y la organización Earth Island Institute lanzaron una iniciativa homónima de la etiqueta, que consistió en que dicha compañía no compraría, ni procesaría ni vendería atún que hubiese sido capturado mediante maniobras que resultaran en la muerte incidental de delfines. Ese mismo año el Earth Island Institute, junto con las compañías enlatadoras Starkist, Bumble Bee y Van de Kamp’s Seafood, presionó al Servicio Nacional de Pesca de Estados Unidos para impedir las importaciones mexicanas de atún, con base en el planteamiento de que la flota no había adoptado las medidas suficientes para evitar la muerte de delfines al hacer uso de métodos de cerco. Se estimaba una captura incidental de hasta 20 000 delfines anuales. Así, en octubre de 1990, el gobierno de Estados Unidos estableció un nuevo embargo a las exportaciones mexicanas de atún.

Ante esta situación, México solicitó, en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), el inicio formal de consultas en septiembre de 1991, al amparo de dos argumentos: primero, los delfines no se encontraban en peligro de extinción y, segundo, el uso de una premisa de corte ecologista como medida de proteccionismo. En 1991 el panel del GATT determinó que Estados Unidos carecía de justificación para involucrarse en temas ambientales de otros países y por lo tanto no podía establecer medidas de protección al comercio por estas razones. Sin embargo, como México se encontraba negociando la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México, optó por abandonar la gestión del diferendo en el marco del GATT, con la idea de alcanzar acuerdos bilaterales en la materia. A pesar de que México interrumpió el proceso y privilegió el diálogo, en 1992, el Congreso de Estados Unidos promulgó la Dolphin Protection Consumer Information Act, que prohibía toda comercialización de atún que no pudiera asumir los

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