Crecimiento económico Pasada la etapa de la revolución armada en México (1910-1921)

Crecimiento económico Pasada la etapa de la revolución armada en México (1910-1921), el desarreglo de las instituciones monetarias, financieras y productivas del país, aunado a los efectos de la Gran Depresión de los años treinta, provocaron un incipiente crecimiento económico de México equivalente apenas al 1.7 por ciento medio anual entre 1921 y 1940.

Sin embargo, las oportunidades que representó para el país el papel de abastecedor de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y la acumulación de divisas derivada de la contienda, permitieron que México emprendiera, a partir de la década de los cuarenta, un incipiente proceso de industrialización que en las siguientes décadas se tornaría notablemente más dinámico, en una modalidad conocida como industrialización por sustitución de importaciones (ISI) (R. Cordera y A. Oribe, 1981), A partir de la segunda mitad de los cincuenta el proceso de la ISI se institucionalizó, al erigirse sistemas cada vez más complejos de protección a la industria, los cuales incluían, además de elevadas tarifas arancelarias, crecientes restricciones cuantitativas a las importaciones en la forma del otorgamiento de permisos para realizarlas y el establecimiento de precios oficiales. El proceso avanzó paulatinamente, llevándose a cabo primero la sustitución de las importaciones finales más

Sencillas y, a medida que avanzaba, se dirigió hacia industrias de carácter relativamente más complejo en términos tecnológicos y de mayores requerimientos de capital. Este esquema fue crecientemente aprovechado por la inversión extranjera directa (IED), que destinó al país crecientes flujos de capital para hacer uso de un mercado doméstico en franca expansión. Paralelo a todo este proceso se instrumentaron políticas macroeconómicas (monetaria y fiscal) de carácter restringido, lo que indudablemente ayudó a mantener controladas las presiones inflacionarias y relativamente bajas las tasas reales de interés durante varios quinquenios (E. Cárdenas, 1998).

En términos de crecimiento, el comportamiento de la economía mexicana fue sobresaliente Durante esos treinta años, en la medida en que el país registró una tasa anual promedio de Crecimiento de largo plazo del 6.2 por ciento entre 1940 y 1970. Sin embargo, los desarreglos En el contexto monetario mundial, observados a principios de los setenta, aunados al notable incremento de las presiones inflacionarias y de las tasas de interés en los países desarrollados —agravados, como ya se dijo, por los desproporcionados aumentos de los precios del crudo en los mercados internacionales— impusieron severas restricciones, no sólo al crecimiento de los mercados mundiales, sino también a la disponibilidad de flujos de capital en los mercados financieros internacionales. Estos problemas indudablemente repercutieron de manera desfavorable en el entorno internacional en el que operaba la economía mexicana. Pero los desarreglos que se cernían sobre la economía nacional eran todavía más complejos, en la medida en que la industria mexicana (en especial las manufacturas) comenzaban a dar muestras de entrar en una etapa que involucró una notable pérdida de dinamismo y que más tarde se identificaría como el inicio del agotamiento del proceso de sustitución de importaciones (J. Boltvinik y E. Hernández Laos, 1981).

Ese fenómeno fue resultado, no sólo de la dificultad que tuvo nuestra planta productiva por sustituir importaciones de bienes intermedios de tecnología más compleja y/o bienes de capital, sino también —y de manera notoria— por el marcado sesgo antiexportador que caracterizó a todo el proceso de la ISI, derivado de las crecientes distorsiones que imponía el complejo sistema de protección de las importaciones (G. Bueno, 1972). En esa compleja tesitura —tanto internacional como nacional hacia principios de los setenta— las autoridades mexicanas consideraron la conveniencia de acelerar el crecimiento de la economía, para lo cual se recurrió a una política macroeconómica (tanto monetaria como fiscal) de carácter expansiva, que financió los crecientes déficit externos —y la paulatina apreciación del tipo de cambio real— con aumentos muy dinámicos en los niveles de endeudamiento interno y externo (N. C. Lustig, 1994).

Es sabido, el proceso hizo crisis en 1976, en grado tal que México tuvo que recurrir a la puesta en marcha de programas de estabilización y ajuste con el apoyo de organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial). El descubrimiento de considerables yacimientos petroleros en ese año y en los siguientes permitieron, sin embargo, recobrar el crecimiento económico a través de la explotación y exportación intensiva del crudo a los mercados internacionales. Sin embargo, tal proceso requirió de cuantiosos préstamos externos para financiar las crecientes inversiones, no sólo en energéticos, sino también en proyectos estatales de gran envergadura en diversas actividades industriales (V. L. Urquidi, 1993).

El desenlace todos lo sabemos: la caída de los precios del crudo y el aumento de las tasas de interés a principios de los ochenta pusieron de manifiesto, de manera por demás dramática, los notables desequilibrios macroeconómico y externo de la economía nacional y sumieron al país en una singular depresión, a consecuencia de los requerimientos deflacionarios derivados de los nuevos programas de ajuste y estabilización, también supervisados por los organismos internacionales. Daba inicio, así, un prolongado periodo de crisis, caracterizado por frecuentes devaluaciones del tipo de cambio, elevada inflación, deterioro de los salarios reales y escasa capacidad de creación de empleo remunerado. Las repetidas crisis de los ochenta comenzaron a ser controladas hacia finales de esa década mediante la aplicación de programas heterodoxos de estabilización y ajuste, que tendieron a controlar las más agudas presiones inflacionarias, una vez que dio inicio la solución al problema de la deuda a través de las negociaciones conocidas como el Plan Brady (N. C. Lustig, 1994).

Agotados el proceso sustitutivo de importaciones y el efímero crecimiento petrolero, se buscó insertar a la economía mexicana de manera más eficiente en los flujos internacionales de comercio, capital y tecnología. Para ello, se instrumentó una ambiciosa agenda de cambios estructurales. De esta manera, para la segunda mitad de los ochenta se había desarticulado, casi totalmente, el complejo sistema de protección arancelaria y de restricciones cuantitativas que caracterizaron al país por cerca de tres décadas. México había ingresado al GATT, había acelerado la reforma financiera que venía instrumentándose desde finales de los setenta, y había procedido a un masivo proceso de privatización de activos públicos, el cual continuaría durante

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