La Administración Pública que se basa en principios de imperio

La Administración Pública que se basa en principios de imperio, legalidad en la cual está sometida con el Ordenamiento Jurídico sin dejar al lado que el fin que perseguí es el bien común de todos, que tales fines se puede llegar a completar mediante la facultad de crear actos Administrativos o sino de crear contratos de la administración que el Estado debe de actuar de acuerdo con el ordenamiento contemplado artículo 182 de la Constitución Política: Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a la mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo.^[1]

Así cada contratación debe de seguir un procedimiento formal, claro, transparente, ágil para adquirir servicios y recursos para la consecución de ese fin, es decir la satisfacción del bien público, cada contratación que disponga realizar el Estado debe de actuar con lo establecido en el Reglamento de la ley de Contratación Pública, esta es una principal diferencia entre los contratos privados ya que estos no debe seguir una formalidad tan rigurosa por los que se convierte en ser mas expedito.

Por eso que la Administración Pública se vincula con los particulares por medio de una combinación de voluntades ( las del particular y la de la Administración), para crear o transferir derechos y obligaciones^[2], que esas voluntades puede ser de dos formas: las que se hace en el derecho privado en que las partes está en un marco de igualdad y la otra está presente la Administración Pública frente a su cocontratante sujeta al Derecho público.

El contrato proviene del latín contractus que significa lograr, reunir, el contrato es un acuerdo de voluntades entre la Administración Pública y un particular, creador de derechos y obligaciones, cuya finalidad es la satisfacción del interés público y que se encuentra sujeto a un régimen de derecho público.^[3]

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