TALLER FUENTES FORMALES CORTE CONSTITUCIONAL

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Dentro del marco de la constitución y las leyes que reconocen el derecho a la propiedad y a las libertades económicas se debe resaltar que estamos en un estado social de derecho y que las empresas están cobijadas bajo una libre competencia económica y brindándole a la ciudadanía el mejoramiento de calidad de vida, obedecen el principio de solidaridad.

La libertad de empresa no es un derecho absoluto y por tanto puede estar sujeto a las limitaciones y distinciones entre personas que determine el legislador, las cuales deben atender fines constitucionales, obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía.

El derecho a la propiedad dispone su función ecológica y social. Por tanto, la Constitución solamente protege el derecho a la propiedad en la medida en que su adquisición se haya ajustado a los requerimientos del ordenamiento jurídico y siempre y cuando cumpla la función social y ecológica que por disposición superior está llamada a desempeñar.

El derecho a la propiedad como todos los derechos constitucionales- no tiene un carácter absoluto o intangible y puede ser limitado cuando no se aviene a las reglas impuestas en el ordenamiento, especialmente cuando no cumple la función social o ecológica que está llamada a prestar, cuando su adquisición no se ajuste a las previsiones de la normativa vigente y cuando entra en conflicto evidente con el interés general u otros derechos constitucionales y, después de una adecuada ponderación, en el caso concreto se hace necesario limitarlo.

En ese orden debemos tener presente que estamos en una sociedad donde se permite el libre comercio entre las partes y llevar una convivencia sana entre la ciudadanía.

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