Trasnporte

1. ¿existe soberanía ambiental en los tratados de libre comercio?

R/ el medio ambiente en el marco de comercio internacional demanda una atención especial en ambos países y de todos en general con el propósito e facilitar sus relaciones comerciales atreves de fortalecimientos que regulen las normas que deriven en compromisos asumidos por cada país. Cada uno de los países se compromete a hacer cumplir su propia legislación ambiental, procurando paulatinamente ir mejorando sus estándares ambientales, eliminando la posibilidad de dejar sin efecto normativa ambiental o flexibilizando estándares que pudieran interpretarse como ventajas para el desempeño y retención de una inversión o al sostenimiento de un flujo comercial con el otro.

2. ¿En que momento la responsabilidad ambiental de los seres individuos y de las empresas se convierte en política publica de carácter multilateral?

R/ Nuestros países asumen el Derecho ambiental internacional, regional y nacional como una herramienta para hacer frente a esos desafíos, que afectan de manera directa la calidad de vida de los ciudadanos de hoy y de mañana. Debido a esto es que se han adoptado los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente, a la vez que se ha desarrollado normativa ambiental de carácter doméstico. Pasadas ya dos décadas desde el arribo de las llamadas “Constituciones verdes”, puede decirse que el Derecho ambiental latinoamericano y caribeño se caracteriza por haber incorporado, en sus diversos niveles normativos, importantes compromisos con la protección ambiental y el desarrollo sostenible, entre ellos la internalización de los principios del Derecho ambiental internacional, la regulación de instrumentos de gestión ambiental, y la facilitación del acceso a la información, a la participación pública y la justicia ambiental.

La cantidad y calidad de los estudios producidos en la Región, así como el número creciente de expertos en derecho ambiental, dan cuenta de la importancia que el derecho ambiental va adquiriendo en nuestros países. Y esto es así no solamente en el ámbito académico, sino también en el de los decisores de políticas públicas: las legislaturas nacionales cuentan con comisiones especializadas y los tribunales de justicia aplican disposiciones de los Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente y de la legislación interna para resolver causas complejas en temas que afectan la calidad de vida de las poblaciones. A su vez, las autoridades ambientales nacionales promueven iniciativas legislativas, ejercen el poder de rectoría, y participan en las discusiones hacia la regulación de temas de alcance regional y global.

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