Las Clasificaciones De Garantias Constitucionales

Clasificación de las Garantías constitucionales del Perú :

- Garantías Nacionales y Sociales :

1. La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular. Procede contra el hecho u omisión que vulnera o amenaza los demás derechos

constitucionales ocasionado por cualquier autoridad o persona, procurando que se repongan las cosas al estado anterior a la violación o amenaza y no procede contra normas legales, ni resoluciones judiciales.

2. La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

3. La Acción Popular, que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

4. La Acción de Cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

- Garantías Individuales:

1. La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Esta garantía constitucional procede contra un acto u omisión de cualquier persona, que viola o amenaza la libertad individual y la seguridad personal, a fin de que la persona amenazada o afectada en su libertad la recupere a plenitud.

2. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2, incisos 5 y 6 de la Constitución.

Procede cuando se vulnera o amenaza los derechos de solicitar sin expresión de causa la información que se requiere y recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, exceptuándose las informaciones que afectan la intimidad personal o aquellas que tengan que ver con la seguridad nacional o la prohibición de que no se suministren informes que afecten la intimidad personal y familiar y cuando se afecta el honor y la buena reputación, la voz y la imagen.

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