Intervencionismo financiera y monetaria

El 15 de diciembre de 1987, urgido por las circunstancias, de la Madrid suscribió un Pacto de Solidaridad Económica (PSE) con los actores sociales para consensuar las medidas de contingencia antiinflacionaria y repartir cargas de responsabilidad y sacrificio. Sin embargo, el pujante sindicalismo independiente del PRI optó por las movilizaciones de protesta, asumiendo la portavocía de un profundo malestar social que se nutría tanto del interminable ajuste económico como de los excesos demagógicos de los responsables políticos, las endémicas redes de corrupción y clientelismo, la inepcia burocrática y, en definitiva, todos los vicios e inercias de un sistema que ya no daba más de sí sin profundas transformaciones tras más de medio siglo de vigencia.

Toda vez que estas medidas no dieron los resultados apetecidos, López Portillo hubo de decretar la moratoria en el pago de la deuda exterior. Cuando la transferencia del mando a de la Madrid, el país se encontraba ya en recesión económica, la inflación rozaba el 100% anual, la deuda exterior sobrepasaba los 80.000 millones de dólares y el sistema financiero estaba en virtual bancarrota por la caída de los ingresos de exportación y la fuga de capitales. El flamante mandatario mantuvo por el momento el intervencionismo financiero y monetario y anunció un plan anticrisis de diez puntos que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez, y que postergaba la recuperación de la inversión, el consumo y el crecimiento. En líneas generales, dicho plan consistió en recortes en el gasto público, inversiones selectivas en actividades productivas y creadoras de empleo, subidas de los tipos de interés con el objeto de atraer los capitales financieros, alzas impositivas y tarifarias, y eliminación de subvenciones de productos básicos de la cesta de la compra.

En añadidura, de la Madrid lanzó una campaña de moralización en la función pública que incluyó reformas legales para fiscalizar y perseguir a los administradores corruptos. También, retomó el diálogo con los acreedores internacionales para reescalonar el servicio de la deuda y obtener un empréstito de 5.300 millones de dólares; a cambio, el Gobierno sistematizó sus medidas de ajuste con el denominado Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), presentado en enero de 1983. La cascada de iniciativas presidenciales incluyó la promulgación, el 30 de mayo de 1983, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que, con el aval del FMI, sustituyó al PGD de 1980 y supuso una confirmación de la fe en las políticas estatistas y planificadoras como garantes del desarrollo a largo plazo.

Transcurrido el primer bienio de gobierno, de la Madrid presentó un balance económico esperanzador en el que destacaban: la recuperación del crecimiento, un 3,6% del PIB frente al 4.2% de tasa negativa con que había cerrado 1983; la reducción del déficit de las finanzas del Estado

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