ANTECEDENTES DEL DERECHO AMBIENTAL EN NICARAGUA

INTRODUCCIÓN

Desde inicios de los años noventa, Nicaragua está en proceso de institucionalización de la Gestión Ambiental; tanto el Gobierno como la sociedad civil han impulsado la creación de normas e instituciones ambientales, con el fin de conservar y realizar un aprovechamiento racional de su diversidad biológica, sus recursos hídricos y demás elementos que lo integran.

Debemos reconocer que en Nicaragua tenemos una legislación ambiental dispersa que no es aplicada armónicamente, algunas veces por desconocimiento de la misma otras porque no están claramente definidas las competencias entre los diferentes entes ó por falta de coordinación entre las diversas instituciones que intervienen en su gestión.

Por lo anterior y considerando la inminente repercusión del desarrollo agropecuario e industrial en nuestro país, así como la vigencia del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América, los países centroamericanos y República Dominicana (DR-CAFTA), Plan Puebla Panamá y los compromisos adquiridos a través del proceso de Integración Centroamericana y otros factores sociales, económicos y ambientales existentes en la actualidad.

Se ha escogido como objeto de estudio el análisis de las competencias que la legislación nicaragüense otorga a las instituciones ambientales en la protección del ambiente. Esta tesis pretende exponer a las autoridades y en especial a los ciudadanos nicaragüenses, la importancia que tiene el Ministerio Público en la coordinación de las instituciones administrativas de carácter ambiental, y el cumplimiento de estas dentro del marco de lo establecido en la Constitución Política, la Ley General del Medio Ambiente y otras leyes sectoriales para así lograr el fin común colectivo, como es el desarrollo sostenible de la Nación.

Es necesario destacar que en aras de hacer más efectiva la aplicación de la ley ambiental, se trabajó en propuesta de POLÍTICAS DE PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES, que es producto de un trabajo coordinado entre el Programa Estado de Derecho de USAID y el Ministerio Público de Nicaragua, para ofrecer un insumo que facilite la persecución de este tipo de delincuencia, así como la correcta aplicación de los tipos penales de la Ley 559, Ley especial de delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en el momento que estuvo en vigencia ya que fue derogada por la Ley 641, Código Penal de Nicaragua.

Las políticas de persecución deben ser directrices flexibles y estar basadas en la experiencia

adquirida. La que se logra a través de la aplicación práctica de los tipos penales; por ello, es necesario que se continúe el proceso evolutivo de revisar, consultar y reformar las políticas existentes; adaptándolas a las necesidades y exigencias que presenten los nuevos casos y al mismo tiempo elaborar nuevos lineamientos para regular y ordenar los aspectos que no hayan sido cubiertos.

Para la formulación de este trabajo monográfico, se ha tomado en cuenta la experiencia adquirida por los mismos representantes del Ministerio Público, principalmente de la Fiscalía Ambiental, pero también los aportes de muchas personas e instituciones que se han mantenido atentas a las necesidades del ente fiscal y que han colaborado con sus ideas, pero también con la mística en su trabajo diario, en la difícil tarea de proteger la calidad de vida de los nicaragüenses y la supervivencia de las generaciones futuras.

Con éste instrumento se pretende unificar los criterios de aplicación penal ambiental en todo el país y mejore la transparencia y la responsabilidad institucional, pero también, que sirva de herramienta para que las demás autoridades ambientales puedan guiar sus actuaciones y mejorar su coordinación. Finalmente, se espera que la población en general, cuente con un medio para conocer lo que ocurre con las denuncias que interponen y puedan así, participar en la defensa de sus propios recursos naturales.

OBJETIVO GENERAL

Indagar el que hacer del Ministerio Público en la persecución de los delitos ambientales

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Contribuir en la efectiva aplicación de la Ley Penal ambiental para cada caso específico.

Explicar la coordinación del Ministerio Público con las otras instituciones de carácter ambiental.

Proponer alternativas de solución a las dificultades detectadas en los procedimientos de los actos del Ministerio Público ante los delitos ambientales.

Capítulo I GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES DEL DERECHO AMBIENTAL EN NICARAGUA

En el año 1905 se dictó la primera norma Jurídica sobre la materia ambiental, siendo está el decreto 1381, denominado, Ley de conservación, protección y desarrollo de las riquezas forestales del país, publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 63 del 21 de Junio de 1905. posteriormente en el Año 1917, se dicto la segunda norma interna de carácter concreto que tenía por objeto regular aspectos del ambiente, esta norma fue un decreto sobre las caídas de aguas, hoy superado en gran medida por el decreto 33-95, que establece disposiciones para el control de la contaminación provenientes de descargas de aguas residuales, domesticas y agropecuarias.

Con este dato histórico podemos iniciar un recorrido para entender y estudiar el Derecho Ambiental en Nicaragua y conocer los antecedentes de su Legislación Ambiental, debemos clasificarla en tres etapas:

La primera Etapa:

La ubicamos desde los inicios del siglo XX hasta la década de los 40, cuyas regulaciones tenían por objeto tutelar el ambiente y los recursos naturales, encontramos entre estas:

El Código Civil de 1904, que dispone, la administración para establecer Vedas a los gobiernos municipales, y el régimen de dominio de los recursos naturales. En 1905 se dictó el Decreto 1381, denominado Ley de Conservación, Protección y Desarrollo de las Riquezas Forestales del País, publicado en la Gaceta diario oficial No. 63 del 21 de Junio de 1905. Posteriormente, en 1917, se dictó Decreto sobre caídas de agua, que tenía como finalidad regular aspectos del ambiente, de igual manera, encontramos el Código de Comercio, a propósito de las personas que realizan actos de comercio con los recursos naturales, y además, identificamos el Código de Defensa y Protección de los Animales de 1941, que se constituye en el primer instrumento legal

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