ANTEPROYECTO REVISORIA FISCAL

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los estatutos sociales de las empresas que se encuentran obligadas a adoptar un Código de Buen Gobierno deben de estructurar normas para velar por el respeto de los derechos y protección del capital de quienes invierten sus acciones o en cualquier otro valor que emita la sociedad y la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión, es así que dentro de estas normas de obligatoria adopción dentro de un Código de buen Gobierno no se puede excluir una herramienta ya implementada con anterioridad al mismo Código que aunque al no pertenecer directamente a este garantiza y proporciona la seguridad sobre la información y derechos que este pretende proteger y que son de interés propio y de terceros con que tienen de forma directa o indirecta un vinculo con la empresa, es esta herramienta la Revisoría Fiscal en las empresas. La Revisoría Fiscal es una figura reglamentada por la Ley 43 de 1990 y por el Código de comercio en sus artículos 203 a 217, lo que para la gran mayoría de empresas la revisoría fiscal es una obligación a las leyes establecidas generando preocupación por los requerimientos y exigencias que esto conlleva, y a su vez se asimilándolo inmediatamente a costos y gastos no presupuestados. Ahora con ley de convergencia de Contabilidad quienes actúen como Revisores Fiscales no deberán en el futuro contentarse solo con la aplicación de los estándares de “aseguramiento de la información” mencionados ahora en el artículo 5 de la ley 1314 (lo que en la práctica son los mismos estándares internacionales de auditoría), sino que tendrán que dar más amplitud a su trabajo ya que la Revisoría Fiscal no está solo al servicio de los dueños de las sociedades o entidades sino también al servicio de la sociedad en general

La escasa labor de la Revisoría Fiscal por parte de sus ejecutantes, ha generado que se tenga la institución como obligatoria y no como beneficio empresarial. Pues la evolución real de las organizaciones contemporáneas evidencia la necesidad de nuevos modelos económicos, administrativos y contables que permitan interpretar y ofrecer alternativas de representación que contribuyan al mejoramiento de la calidad, transparencia en la información, y el desarrollo empresarial.

ÁREA PROBLEMÁTICA

El ejercicio de la revisoría fiscal se ha visto calificado como la intervención realizada por la persona externa natural o jurídica, utilizada para la certificación de la información financiera y económica, arrojada por el desarrollo de las diferentes actividades comerciales enmarcadas por la ley y desarrollada por los diferentes entes económicos, este calificativo o percepción de esta actividad como dictaminadores de información financiera y económica, limita los verdaderos alcances y aportes que pueden obtenerse desde el estudio y análisis realizado por esta, su capacidad de desarrollo e implementación de directrices para una adecuada operatividad y toma de decisiones, se ve sesgada por no valorársele como herramienta de estudio, detección de falencias y de proposición de normas encaminadas a la optimización del funcionamiento del control interno, financiero y productivo.

Por consiguiente, mientras no se elimine en nuestra legislación comercial la muy autóctona figura del Revisor Fiscal, quienes se desempeñen en dichos cargos tiene sobre sí una muy alta responsabilidad que a juicio del Consejo Técnico les implicará siempre trabajar más que los que simplemente realicen auditorías externas y por consiguiente podrán siempre cobrar un mejor honorario mensual (véase la tabla de honorarios propuesta en Junio de 2009 por el Consejo Técnico de la Contaduría)

¿Cuál es el impacto de la ley de convergencia de contabilidad en el ejercicio de la revisoría fiscal frente al aseguramiento de la información?

OBJETIVOS

GENERAL

Analizar la participación de la revisoría fiscal al interior de la empresa, y determinar la manera en que debe prestar sus servicios al “aseguramiento de la información” como lo enmarca la Ley 1314, en búsqueda de optimizar la labor respecto a la calidad y transparencia que la información contable requiere para ofrecer un aporte profesional al crecimiento integral empresarial.

ESPECÍFICOS

 Estudiar alguna normatividad que rige la Revisoría Fiscal en Colombia y compararla con la normatividad internacional.

 Diferenciar la Revisoría Fiscal con la Auditoria.

JUSTIFICACIÓN

El ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia se ve limitado a la escasa labor del profesional como ejecutor de la revisión y certificación de la información financiera de las empresas, haciendo que sea una actividad limitada y poco productiva dentro de los objetivos de la misma, una mayor participación de esta en un estructuramiento de políticas y normas, basado en su estudio desde la parte financiera y ampliándolo a la operativa, ayudaría a detectar falencias en los distintos procesos de la compañía, y a generar lineamientos de mayor control para estos, una adecuada utilización de la capacidad que tiene el estudio de la información financiera de las empresas, realizado por la revisoría fiscal y su visión externa de esta, hace que sea una herramienta generadora de procesos de control gerencial y financiero, proyectados al beneficio de la empresa y su actividad.

Además de los beneficios en cuanto a control interno que se obtendrían con el máximo de aprovechamiento de la actividad de la revisoría fiscal, se estaría poniendo a prueba la capacidad de resolución de problemas de los profesionales que ejercen esta actividad, así como el que se verían obligados a la constante actualización en cuanto a conocimientos metódicos de medidas y procesos para el desarrollo de la eficiencia, de las empresas y generarían aun como un factor adicional, el mejoramiento del desarrollo económico de las empresas, aportando en su medida el que la economía supere los actuales estándares de calidad y de transparencia en los procesos gerenciales, económicos y fiscales de las empresas y sus objetivos mercantilistas.

Los estatutos sociales de las empresas que se encuentran obligadas a adoptar un Código de Buen Gobierno deben de estructurar normas para velar por el respeto de los derechos y protección del

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