ARMAS DE FUEGO EN COLOMBIA

INTRODUCCION

Vivimos en un país complejo en lo relacionado al orden público con una lucha armada que data de décadas anteriores, encontramos diferentes fuerzas que pretenden el poder político por una parte y por la otra encontramos a las llamadas bandas criminales y los grupos de delincuencia común, los sicarios, los fleteros, etc. Todos con una característica común, el uso de armas de fuego para poder conseguir sus objetivos.

Pero estas armas de fuego también las encontramos en manos del Estado quien detenta el llamado monopolio de estas, las armas del Estado son en ultimas las de las fuerza pública que tienen precisamente la labor de contrarrestar con el uso de estas armas la actuación de los grupos antisociales que ya mencionamos en el párrafo anterior.

De lo anterior surge un interrogante es realmente capaz el Estado de cumplir su deber de salvaguardar los derechos de sus ciudadanos, consideramos que no, que nuestro Estado no tiene suficiente capacidad para controlar a todos los que atentan contra el orden público. Las personas en este país en su mayoría sentimos que nos encontramos en un estado de indefensión y por lo mismo muchos han optado para la autodefensa el uso de las armas de fuego. Aquí surge el problema que intentamos dilucidar con este proyecto de investigación ya que para que los ciudadanos puedan tener la opción de adquirir un arma de fuego legal existen un sinnúmero de obstáculos derivados en gran parte de la legislación que actualmente existe al respecto siendo más exactos al decreto 2535 de 1993 que reglamente el uso y adquisición de las armas de fuego en Colombia. Se observa que debido a esta reglamentación sobre las armas de fuego solo se puede adquirirlas después del cumplimiento de estrictos y excesivos requisitos y a precios realmente altos y desproporcionados al valor que comercialmente deberían tener, lo cual es otro elemento más de carácter disuasorio para la adquisición de las mismas lo que lleva a que los ciudadanos de bien que han alcanzado prosperidad de manera honrada se les dificulte poder tener un arma de fuego para defensa de sus bienes para suplir la ineficacia del Estado para lograr cabalmente este objetivo.

Por otra parte paradójicamente mientras que las personas de bien se enfrentan a las talanqueras legales expuestas para la tenencia y porte de un arma de fuego para su defensa, los delincuentes de todas las denominaciones y características, llámese ladrón o sicario, secuestrador o extorsionista, etc. Encuentran una fantástica facilidad para adquirir las armas de fuego, ellos los que hacen daño a la sociedad con sus acciones criminales no tiene mayor problema para proveerse de elementos bélicos a precios muy económicos y en una gran variedad, con tecnología muchas veces superior a la de la fuerza pública y ni hablar de las armas que podría adquirir un ciudadano del común. Es que el delincuente difícilmente se preocupara de la legalidad de las armas de fuego que utiliza en sus acciones criminales.

Con el presente proyecto queremos analizar las repercusiones sociales, jurídicas, políticas y económicas del fenómeno de las armas de fuego en Colombia para esto examinaremos la normatividad vigente respecto a la tenencia y porte de armas de fuego en Colombia, la monopolización constitucional del Estado respecto a dichas armas, utilizaremos el derecho comparado para revisar aspectos similares en la normatividad de otros países, también estudiaremos los datos estadísticos existente sobre la influencia del uso de las armas de fuego en la ocurrencia de diferentes tipos de hechos punibles. Todo con la finalidad de intentar encontrar posibles soluciones al problema planteado.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Colombia ha sido víctima en los últimos cuarenta años de un conflicto armado de magnitudes colosales. Lo que inicialmente empezó como una lucha entre los dos partidos tradicionales, terminó en el actual estado de guerra que vive el país, donde los grupos alzados en armas batallan contra la Fuerza Pública por el control del Estado y sus diversas instituciones.

El Estado en busca de la protección del interés general y de la convivencia social, es la institución llamada a mantener, a través de la Fuerza Pública, un sistema jurídico – político estable para velar por el amparo de los derechos de la comunidad y su desarrollo.

Es deber del Estado la protección de los derechos de las personas, y por tal motivo nuestra Carta Política reconoce

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