ASPECTO COERCITIVO DE LA NORMAS

3. Críticas A La Definición Del Derecho Penal Venezolano Vigente y La Actividad Sancionadora De La Administración:

En 1998, la justicia penal en Venezuela experimentó un importante cambio tras la promulgación del Código Procesal Penal (COPP), instrumento procedimental que consagra el modelo acusatorio sustentado en el garantismo y el respeto a los derechos humanos. Con su promulgación, Venezuela se colocaba a la par de las más modernas legislaciones en la materia, al igual que como sus sucesivas reformas parciales. Sin embargo, dicha reforma procedimental debió estar precedida de una sustantiva dado que ambos aspectos del derecho deben trabajarse armoniosamente.

Posteriormente, en 1999 y tras un proceso constituyente, se promulga una nueva Constitución determinada por la preeminencia en el respeto a los derechos humanos y en donde se consagran una serie de normas referidas a lo que debe ser la justicia penal en Venezuela.

No obstante, el Código Penal Venezolano, data de principios del siglo pasado y a pesar de que el mismo ha sufrido varias modificaciones, siendo la más reciente en el año 2005, es evidente, que los esfuerzos que durante estos años realizaron diversos sectores del acontecer nacional, han sido en vano, ya que, no es sino, hasta tiempos recientes cuando pareciera avizorarse en la plataforma jurídica venezolana la posibilidad de contar con un nuevo instrumento legal penal sustantivo, que responda a las nuevas tendencias e ideologías de la Venezuela actual. Aunado a lo anterior, el establecimiento real y progresivo de un Estado Social de Derecho y de Justicia conlleva a que el Código Penal consagre dentro de su articulado tanto las garantías penales, como los diversos mecanismos consagrados por la Constitución Nacional de 1999 para la protección de los derechos fundamentales del ciudadano.

De igual forma en cuanto a la actividad sancionadora de la administración, con las diferentes reformas hechas al COOP donde se realizaron una serie de consultas, donde han participado los órganos del Estado y donde se ubicaron las principales causas de retardo procesal, entre ellas se diagnosticó la obligatoria presencia de las víctimas en las audiencias, la dificultad para el traslado de los imputados y acusados al tribunal, también la ausencia injustificada de defensores, la convocatoria de los escabinos para la constitución del tribunal mixto, entre otras.

Sin embargo seguimos encontrando problemas de retardo dentro de la aplicación de la justicia, ya que si se parte del supuesto de que las normas que conforman el derecho penal no solo son de inmediato y obligatorio cumplimiento para los ciudadanos a quienes van dirigidas sino que también deben ser de obligatoria e inmediata aplicación por parte de los órganos encargados de su aplicación y ejecución.

4. El Derecho Penal En El Estado Democrático y Social De Derecho y De Justicia.

El Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye al País como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, lo que viene a garantizar que el estado Venezolano diferencie al derecho de la justicia

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