Al hacer un estudio minucioso dela historia y origen de la Aduana.

Al hacer un estudio minucioso dela historia y origen de la Aduana, observaremos que la misma ha sido, y todavía es, un instrumento fundamental de control del Estado. Su importancia radica en que por su existencia trae y ofrece al Perú un desarrollo socioeconómico además de un orden en la ejecución de las actividades de entrada y salida. Encontraremos que a la aduana se le asignan obligaciones asociadas al comercio de mercancías, al tránsito de carga por el territorio, al control de accesos y salidas en fronteras y puertos, y a la generación de información precisa sobre dichos flujos. Cabe resaltar algunos puntos que indican la importancia de la Aduana en el Perú. La organización de las aduanas siguió un modelo de control cuasi militar. Las difíciles condiciones de trabajo asociadas a la rudeza de los puertos y a la evidencia que las imposiciones y derechos que las aduanas exigían no resultaron agradables a los comerciantes ni a sus mandantes, razón por la cual se acentuó la tendencia por dotarse de una organización con capacidad coercitiva. Y razones de más tiene el Estado para protegerla pues la aduana recolectó durante gran parte del siglo pasado la mitad de los ingresos fiscales que necesitaba para cumplir con sus fines. Junto con los vaivenes de la historia del siglo pasado y los retos cambiantes de una economía que osciló entre apremios y bonanzas asociadas a su condición primario exportadora, la aduana fue evolucionando de ser un ente recaudador neto hacia una organización definida por el control de mercancías y la protección relativa de la producción local, manteniendo siempre la función recaudadora. Luego, y progresivamente, la institución dio un salto más hacia un modelo de aduana facilitadora del comercio internacional, con un mandato de protección a la sociedad vinculado a la circulación de mercancías peligrosas, contrabandos y otras modalidades de fraude tributario - aduanero. Junto con esta permanente evolución se han presentado muchos desafíos. Para mencionar solo algunos: a) el desafío de cobertura por la compleja geografía y la cada vez más variada forma de circulación de mercancías; b) el desafío de desarrollar y mantener actualizados los modelos de gestión de riesgo que soportan la dinámica de asignación de niveles de revisión; c) el desafío tecnológico pues los enormes flujos y su constancia exigen que la autoridad disponga con suficiencia de un sofisticado soporte informático, facilidades de comunicación y equipamiento de inspección no intrusiva; d) el desafío de la mundialización o internalización dada su función relacional que la obliga a coordinaciones e intercambios múltiples aduana - aduana y a utilizar estándares mundiales de comercio como los regulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC); e) el desafío de la construcción de lazos estrechos y firmes con la sociedad local y con los operadores de comercio exterior, quienes son sus interlocutores cotidianos; f) el desafío de lograr la articulación con las demás entidades de control al interior del propio Estado para afinar estrategias y no superponer funciones o trasladar responsabilidades unas a otras; y g) el desafío de la honestidad y la integridad que es indispensable para cumplir con el mandato público y contribuir al desarrollo del país. Nuestro país apuntó a formar parte de un grupo de naciones, cada vez mayor en número e importancia económica, que apuestan por la apertura comercial. Resultará indispensable para el futuro inmediato explorar estrategias locales y regionales capaces de articular esfuerzos múltiples que apunten a la generación de condiciones óptimas para el comercio lícito. Nos referimos a un desafío que no solo es legislativo sino, fundamentalmente, de un nuevo contrato social que involucre infraestructuras viales y fluviales, desarrollos urbanos respetuosos del ambiente y la naturaleza, compromisos políticos de intolerancia al contrabando y los canales informales de distribución que lo sustentan, y, especialmente, voluntad férrea de simplificación pública que permita que la sociedad revalorice los flujos de comercio formal y lícito.

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