Analisis Amparo

EL AMPARO COMO DERECHO CONSTITUCIONAL

No existía unanimidad en la doctrina en cuanto a la naturaleza de la acción de amparo constitucional pues si bien para algunos el amparo era considerado un derecho inherente a la persona, es lo cierto que para otros se presentaba no como un derecho sino como una «garantía procesal de protección de derechos».

A ello quizás contribuyó el hecho de que la antigua Constitución de 1961 no hacía calificación alguna al respecto.

No obstante, en la actualidad la discusión ha quedado resuelta por la

Constitución de 1999 que consagra en forma expresa al amparo constitucional como un derecho de rango constitucional. En este sentido, la exposición de motivos de la Constitución es categórica al señalar que «el amparo se reconoce como una garantía derecho constitucional, cuya finalidad es la tutela judicial reforzada de los derechos humanos, aun de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos».

De igual forma se pronuncia el artículo 27 de la Constitución al establecer

que: «Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los

instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

LA ACCION DE AMPARO

El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación quemás se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata sin dilación alguna.

El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración de estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales[...]».

Como puede observarse, la Constitución de 1999 consagra en forma expresa el derecho al amparo previendo el mecanismo del cual podrán servirse los particulares a tal fin (i.e. la acción de amparo), así como la s características del procedimiento para su tramitación que, en todo caso, deberá ser oral, breve y sumario a fin de garantizar el rápido restablecimiento de los derechos infringidos.

Esta regulación constitucional, permite afirmar que el amparo como derecho goza de las siguientes características:

1.-Es un derecho constitucional que obliga a los tribunales a amparar a toda persona en el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales.

2.-Es un derecho fundamental inherente a «todo habitante de la

República», lo que implica que puede ser invocado por toda persona

natural que habite nuestro territorio o por toda persona jurídica

domiciliada en el mismo.

3.- Es un derecho que compo rta la protección del ejercicio de los derechos y garantías previstos en la Constitución e incluso aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la misma cuando éstos se vean efectivamente infringidos o amenazados por actos, hechos u omisiones emanados de la Administración o de otros particulares.

4.- Es un derecho que exige para su procedencia que exista lesión directa de los derechos y garantías previstas en la Constitución.

5.- Es un derecho cuya protección es competencia de todos los Tribunales de la República.

6.- Es un derecho fundamental que puede ser ejercido conjuntamente con otros medios judiciales o en forma autónoma a través de procedimientos expeditos libres de toda formalidad.

Esta regulación del amparo como derecho se compadece además con la

contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que consagra «el derecho a obtener en los tribunales el remedio a las violaciones de los derechos fundamentales» y la contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prevé el derecho de toda persona «a un recurso sencillo y ráido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la le y o la presente Convención [...]».De allí que se afirme que la consagración expresa por nuestra Constitución del amparo como derecho y no sólo como una garantía o mecanismo adjetivo de protección permite aceptar su ejercicio mediante el uso de múltiples medios judiciales y a través de procedimientos expeditos libres de toda formalidad, a los cuales deberá darse preferencia sobre cualquier otro asunto.

La acción de amparo se erige así como el medio establecido en la Constitución para hacer efectivo un derecho, este es, el derecho al amparo, que comporta la atenuación y flexibilización de los procesos judiciales cuando esté de por medio la violación de derechos o garantías fundamentales.

EL AMPARO EN SENTIDO ORGÁNICO. EL RÉGIMEN DE COMPETENCIAS

El tema de la competencia en materia de amparo en el nuevo ordenamiento constitucional de 1999 debe estudiarse a partir del criterio impuesto por la Sala Constitucional en la conocida sentencia “Emery Mata Millán” de fecha 20 de enero de 2000, con base al cual esa Sala, modificando el criterio distributivo de competencias contenido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estableció los parámetros que en adelante regirían la competencia de los tribunales para conocer de las acciones de amparo constitucional. Dicho criterio fue impuesto por la Sala Constitucional en uso de la f acultad reconocida en el artículo 266 de la Constitución que le atribuye el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que comprende, entre otros asuntos: (1) la declaratoria de nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público

...