Anatomia Del Derecho Ambiental

ASPECTOS NORMATIVOS RESPONSABLES DE LAS REGIONES AMBIENTALES EN VENEZUELA

El marco legal ambiental en Venezuela es considerado muy avanzado en términos de sus normas ambientales y de su alcance. La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999, dedica todo un capítulo a los derechos ambientales (capitulo IX) en tal sentido en su artículo 127, contempla el derecho y el deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro.

Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; el Estado tendrá el deber de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica; igualmente el Estado venezolano junto con la activa participación de la sociedad civil, deben garantizar un ambiente libre de contaminación y la protección especial de los recursos naturales.

Por otra parte, la Constitución en el artículo 107 establece que la educación ambiental es obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, así como en la educación ciudadana no formal. Este artículo formaliza la universalidad de la educación ambiental, debido a que se especifica como sujeto a ser educado ambientalmente, no sólo a los participantes del sistema escolarizado, sino a todos los venezolanos de toda condición y en todas las circunstancias de enseñanza y aprendizaje.

Así mismo, la nueva doctrina constitucional promueve y establece la participación ciudadana como política de estado en todos los ámbitos sociales y en especial en el de la gestión ambiental.

Otro aspecto de interés en la nueva Constitución es que asume los principios del desarrollo sustentable, al respecto los artículos 128 y 326 establecen que las políticas de ordenamiento del territorio y los principios de seguridad de la Nación estarán orientados por los principios del desarrollo sustentable. El mandato constitucional exige definir políticas institucionales que establezcan pautas claras para la implementación de procesos educativos y de participación, así como la integración de un enfoque de sustentabilidad en todas las acciones que conforman la gestión ambiental de la nación.

Es importante destacar que la constitución en su artículo 129 establece la obligación de efectuar un estudio de impacto ambiental y socio cultural a todas aquellas actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas, igualmente establece la obligación del Estado venezolano de impedir la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas.

En este mismo artículo se prevé la obligación, en los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y en los permisos que se otorguen que afecten los recursos naturales, de considerar incluida aun cuando no estuviese expresa, la conservación del equilibrio ecológico, permitir el acceso a la tecnología y la trasferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resultara alterado, en los términos que fije la Ley.

A lo largo del texto constitucional la variable ambiental se incluye en aspectos como la soberanía nacional, la política fronteriza, los hábitats indígenas, el régimen socioeconómico de la nación, y los estados de excepción, de lo cual se deduce que la materia ambiental constituye un eje transversal que debe ser considerado en las acciones de progreso de la nación bajo el enfoque del desarrollo sustentable.

Ahora bien, Venezuela cuenta con una legislación marco en materia de protección ambiental bien sistematizada, que incluye aspectos civiles, administrativos y penales, incluyendo los tratados internacionales, igualmente existe legislación sectorial en otras áreas relevantes para el desarrollo del país que contiene regulaciones en materia de protección ambiental.

Impacto social y ambiental de las Política de integración de los estados unidos ante Latinoamérica y Venezuela.

La política exterior Calderista en la promoción de la unidad latinoamericana y el nacionalismo democrático, promulgando a la vez la defensa de la soberanía sobre los recursos naturales de las naciones del Tercer Mundo, para asegurar que el producto de su explotación fuese destinado a su propio desarrollo.

Una vez consolidada la plataforma democrática en lo interno, el gobierno se propuso ampliar los nexos con el exterior, tratando de revertir los efectos causados por la política exterior de Betancourt. Se establecieron entonces relaciones diplomáticas con países de las más variadas inclinaciones ideológicas, entre los que destacan la República Popular de Hungría (1969), la República Democrática y Popular de Argelia (1971), Australia (31.5.1973); también se reanudaron con países como Perú (1969), Argentina (1969), la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1970).

La política exterior de Caldera se centró también en la búsqueda de una solución a la controversia limítrofe mantenida con las Repúblicas de Colombia y Guyana, por lo que se optó por continuar las negociaciones sobre la delimitación de áreas marinas y submarinas con Colombia y diferir las discusiones con Guyana durante un lapso de 12 años, mediante la firma del llamado Protocolo de Puerto España firmado en 1970 tras el vencimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966.

En marzo de 1974, Carlos Andrés Pérez asumió la presidencia de la República bajo condiciones internas que dieron a las relaciones exteriores de Venezuela un nuevo rumbo. En general se trató de una actitud de ampliación de las iniciativas adelantadas durante el período de gobierno de Caldera.

Esta actitud obedeció primordialmente a hechos de carácter económico entre los que destaca el estallido de la guerra árabe-israelí de 1973, pues dicho conflicto provocó un inesperado aumento en los precios del petróleo. Este acontecimiento fue complementado más tarde en Venezuela con la nacionalización petrolera en 1974.

Desde el punto de vista institucional se fortalecieron las relaciones con los países miembros de la OPEP y se declaró abiertamente la importancia de la riqueza petrolera como herramienta para establecer un nuevo orden económico internacional que permitiera el desarrollo de las naciones del Tercer Mundo.

La extensión de la política pluralista iniciada por Rafael Caldera se expresó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba en 1974. Como nota negativa se destacó un incidente diplomático que causó la suspensión de relaciones con

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