COMUNIDADES EJIDALES

Se hace mención que el propósito inicial de la Reforma Agraria, a través del sistema de ejidos, fue el de restablecer la propiedad de quienes habían sido despojados de sus tierras, estas se expropiaron para su posterior dotación a aquellos campesinos que no tenían. Dicho reparto se dio a través de ejidos, por lo que se formaban comunidades rurales cuya producción agrícola, ganadera o forestal tenía propósitos económicos, pero también una parte de autoconsumo.

Los ejidos y comunidades agrarias tienen un papel especial en la política y sus raíces se observan desde la revolución de 1910 como forma de restitución justiciera de tierras. La Constitución de 1917 elevó a los agrarios en unidades colectivas con autoridad para poseer y determinar el uso de las tierras que les fueron distribuidas a lo largo del país. Posteriormente las reformas al artículo 27 constitucional en 1992, por las cuales a ejidatarios y comuneros se les permitió arrendar o vender tierras y asociarse con otro tipo de organizaciones, la Constitución y la Ley Agraria siguen considerando ejidos y comunidades como entidades jurídicas con atributos específicos.

De acuerdo con La Constitución, los núcleos agrarios pertenecen al sector social de la economía y se conciben como propietarios de las tierras que la nación les otorgó para efectos de organización y explotación colectiva. Es importante mencionar que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y sus derechos de propiedad sobre la tierra quedan protegidos para efectos de asentamientos humanos y de producción. Los ejidos y las comunidades cuentan con tribunales especializados para dirimir los conflictos de límites y de posesión de tierras, cuya jurisdicción se reserva a nivel federal.

Además los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno, y este se inscribirá en el Registro Agrario Nacional y deberá contener las bases generales para la organización económica y social que se adopten libremente, y los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluidas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes.

También cuentan con una asamblea general conformada por los miembros del ejido o la comunidad, eligen democráticamente a su representante, el comisariado ejidal o comunal en quien recae la responsabilidad de ejecutar las resoluciones de la asamblea y la gestión administrativa del ejido, y al consejo de vigilancia.

En conclusión, los ejidos y las comunidades disfrutan de un estatus especial ya que son objeto de menciones que se particularizan como actores principales de la realidad agraria en México. Las facultades que se les han conferido los proyectan como entidades activas frente a los gobiernos federal, estatal y municipal.

Las comunidades ejidales, quizá como ninguna

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