CONSTITUCIÒN POLÌTICA Y DERECHOS HUMANOS.

CONSTITUCIÒN POLÌTICA Y DERECHOS HUMANOS

MOMENTO 1

ACTIVIDAD 2

Presentado por:

DORA MARINA OSPINA AGUIRRE Cód. 32.207.548

Programa:

INGENIERÍA AGROFORESTAL

Tutor:

GERMÀN ANDRÈS JAUREGUI

Código del curso: 90150ª

Grupo: 54

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

CEAD Florencia, Caquetá

2016

INTRODUCCIÓN

La usencia de un sistema de alcantarillado en un barrio de la ciudad de Cartagena de Indias, ocasiona grandes consecuencias como proliferación de malos olores, insectos-plagas, e innumerables enfermedades en la comunidad general del mencionado barrio. Dicho problema se evidencia a través de la incorporación de las aguas residuales a un caño que atraviesa todo el barrio.

La comunidad residente del barrio afectado, se han acercado a los diferentes entes encargados de dar solución al problema presentado, sin tener respuesta positiva ni solución alguna a su problema.

El presente trabajo busca por medio de un mapa conceptual, identificar los derechos vulnerados ante la problemática presentada, describir los entes encargados que están vulnerando esos derechos y los actores del caso.

OBJETIVOS

General

Conocer la magnitud de un caso en especial y los derechos que se han vulnerado a los seres humanos e identificar los diferentes actores del caso como son los afectados y los encargados de vulnerar esos de derechos y de dar solución al caso.

Específicos

• Estudiar las diferentes lecturas correspondiente para la identificación exacta de los derechos vulnerados al caso presentado
• Identificar y describir los derechos que se están vulnerando en el caso específico
• Identificar los diferentes actores del caso (afectados y agentes responsables del caso)

Análisis del caso:

Según (GSC DESATASCOS Y OBRAS. ES, 2015), argumenta que:

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, el acceso al agua potable y al saneamiento es imprescindible para prevenir enfermedades infecciosas y proteger la salud de las personas. Sin embargo en los países en desarrollo es mínimo en relación con las redes de agua potable y esto genera importantes problemas sanitarios.

Por lo tanto y bajo el amparo que consagra el artículo el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, MODIFICADO. Art. 1°. Acto Legislativo 02 de 2009. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado” (Diario Oficial 47570, 2009)

Y el título II DE LOS DERECHOS, LAS GARANTÍAS Y LOS DEBERES, en capítulo 3 DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE en sus artículos:

ARTICULO  79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991, s.f)

Por lo tanto es a consideración manifestar que en el caso presentado se están vulnerando los derechos de tener un ambiente sano en su entorno como al derecho a una vivienda digna, donde “no se satisface si el lugar en que se reside está construido en zonas donde exista contaminación ambiental causada por sustancias toxicas o residuos orgánicos nocivos para las personas que la habitan” (Sentencia T-661/12, 2012).

Otro derecho vulnerado de los derechos colectivos es: “DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por estar expuestos a olores nauseabundos o a vectores de enfermedad provenientes del entorno ambiental que afectan la salud” (Sentencia T-661/12, 2012).

Y por último uno de los derechos de los cuales son vulnerados y que en materia de Constitución Política de Colombia la cual pronuncia en su artículo 29 que: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

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