CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS “ROSA MARIA CONTRERAS VS COLOMBIA"

DEMANDA INSTAURADA POR COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CONTRA LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

SEÑORES:

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

SAN JOSE DE COSTA RICA

SECRETARIA DEL HONORABLE DESPACHO CIDH

REFERENCIA: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS “ROSA MARIA CONTRERAS VS COLOMBIA”

ACCIONANTE: ROSA MARIA  CONTRERAS

ACCIONADO: ESTADO COLOMBIANO

El Estado Colombiano representados por los agentes Omar Sebastian Joya Rueda  y Javier Cupaban ,  haciendo uso de las facultades que le otorga el artículo 1, 2, 5, 8, 9, 51.1, 61 de la convención y 26, 32, 33, 37, y 41 del nuevo reglamento de la corte interamericana de derechos humanos, se presenta ante la honorable corte para contestar la demanda incoada por la comisión interamericana sobre el caso N° 9608 de 2019, de  “Rosa María Contreras vs Colombia”, para establecer la responsabilidad internacional del Estado, en la supuesta vulneración de los siguientes derechos:  Art 4.  Derecho a la Vida, Art 5.  Derecho a la Integridad Personal, Art 8.  Garantías Judiciales, Art 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad, Art 17.  Protección a la Familia, Art 25.  Protección Judicial, internacionalmente reconocidos y descritos de forma típica , en el marco de regulación de la CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

RAZONAMIENTO FACTICO

PRIMERO:  Rosa María Contreras López nació en Bucaramanga el ocho (8) de noviembre de 1959. Sus familiares y presuntas víctimas en este caso son: Laura Fernanda Guzmán contreras (hija) y Juan David Guzmán Velarde (cónyuge).

Durante la década de 1990 y con posterioridad, la señora contreras se desempeñó como magistrada del poder judicial de Bucaramanga. En el 2004 la señora contreras finalizó su carrera judicial.

SEGUNDO:  La señora contreras conoció sobre distintos casos en su calidad de jueza que, en su opinión, constituyeron la base de las amenazas y otras formas de persecución que se produjeron en su contra y la de su familia.

TERCERO: La señora contreras conoció la investigación por el homicidio de la antropóloga Camila Saavedra, caso en el cual estuvieron involucrados funcionarios estatales, conforme a la investigación de público conocimiento, en el mes de julio de 1991 la señora conoció del caso y dispuso la detención de Cristian Monsalve. Dicho asunto fue conocido fue conocido posterior mente por los órganos interamericanos lo que culmino con una sentencia de la corte interamericana del 2003 en la cual se determinó la responsabilidad internacional del estado colombiano por el asesinato de Camila Saavedra, ocurrido en septiembre de 1990, por parte de agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de todos los responsables.

CUARTO: de igual manera, la señora contreras participó en el proceso sobre la compra y venta de tres helicópteros donde se acusó a altos funcionarios Estatales por sobrevaluar el precio de dichos vehículos.

QUINTO: La señora contreras participó en casos de gran destaque y en algunos que incluyeron la protección de derechos humanos.

Durante el periodo de 1994 y 2012 ocurrieron una serie de hechos que en consideración constituyeron diversas formas de amenaza, intimidación y hostigamiento, derivadas de sus actividades como juez de Bucaramanga Colombia.

SEXTO: En febrero de 1994 la señora Contreras sufrió el robo de sus pertenencias por parte de un hombre desconocido en una moto, mientras ella se encontraba en su vehículo. El 20 de mayo de 1994 una persona desconocida intento ingresar a su vehículo y destruyo la chapa del vehículo, en julio del mismo año una persona desconocida destruyó las llantas de su vehículo.

La señora Contreras sostuvo que el 11 de junio de 1994 dos hombres que “aparentemente eran soldados” quisieron ingresar a su domicilio. Señaló que el 20 de junio del mismo año personas desconocidas “la amenazaron de muerte”. También indicó que, a mediados de julio de 1994, escuchó a unos hombres fuera de su domicilio decir “a esa vieja la tenemos que matar.

SEPTIMO: De acuerdo a lo señalado por la señora Contreras, el 29 de agosto de 1994 el agente policial que resguardaba su domicilio, Miguel Pacheco fue retenido y golpeado por tres personas desconocidas quienes le habrían dicho “ándate de aquí porque la gente que vive ahí la vamos a matar”. El señor Pacheco indicó que las personas que lo retuvieron lo interrogaron sobre las actividades de la señora Villaseñor, en particular sobre las rutas que tomaba.

La señora Villaseñor agregó que días después hubo un intento de secuestro a su hija. También manifestó que recibió distintas llamadas anónimas donde se le amenazaban de muerte.

OCTAVO: La señora CONTRERAS informó sobre nuevos hechos acontecidos en diciembre de 1999 Indicó que hombres desconocidos ingresaron a su domicilio. Sostuvo que también le cortaron el cable telefónico. Agregó que distintos vehículos no identificados que utilizan la misma placa estuvieron vigilando su domicilio.

NOVENO: En el año 200 la señora contreras solicita ante la Fiscalia General De La Nacion una investigación profunda del origen de tales hechos, ya que considera que estos actos ponen en riesgo su seguridad y la su familia, en el 2007 también informó de los hechos a la procuraduría general de la nación quien emitió una resolución en donde concluyó que, frente a las amenazas sufridas por la señora Villaseñor, se vulneró su derecho a la integridad y seguridad puesto que “el Estado no garantizó tales derechos a través de fuerzas de seguridad por omisión en el cumplimiento de sus deberes .

DECIMO: La señora Contreras manifestó que el 19 de julio de 2007 recibió la visita de un fiscal auxiliar en relación con la denuncia realizada por los hechos, El Estado no controvirtió el hecho de que esta denuncia fue presentada. La señora Villaseñor indicó que no se habían realizado diligencias al respecto y se quejó por la inactividad Estatal. Sostuvo que en enero de 2008 solicitó información al Organismo Judicial sobre el estado de la investigación, sin obtener respuesta de las autoridades judiciales.

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