Conflicto espacio público Pereira

Conflicto por el espacio público en Pereira

Escrito por José Duvier Rodríguez Florez

En Pereira ha sido cuestionada y reprimida por los funcionarios encargados del control del uso del espacio público,  para la realización de ventas minoristas en la calle, pero se minimiza y oculta el uso que hacen de él los comerciantes, los industriales, el sector financiero, entre otros. En muchos casos son ocupados los pasajes y vías peatonales y las aceras, con mesas y  sillas, sombrillas y capotas, como ocurre en los pasajes alrededor del edificio sede de la alcaldia de Pereira. 

 El privilegio del comercio formal
Los comerciantes formales continúan utilizando exhibidores  en la acera, bafles y altoparlantes para promocionar sus productos. En el centro de Pereira la utilización de las calles para parquear camiones, camionetas y  otros vehículos destinados al transporte de productos agrícolas y procesados a la carga afectan gravemente la movilidad. La carrera 9 entre calles 14 a la 16, y  entre calles 17 y 18, es una muestra de ello.

Desde 1998 el municipio de Pereira realizó un contrato de concesión con la empresa parqueaderos Daytona, para colocar en funcionamiento las zonas de permitido parqueo, más conocidas como zonas azules. Calles céntricas a determinadas horas del día se encuentran saturadas en un carril por vehículos parqueados ( carros y motos). Estos parqueaderos callejeros, explotados económicamente por Daytona, obstaculizan el normal tránsito de vehículos, formando verdaderos trancones.

La entrega a Megabús de calles céntricas ha incrementado el problema de la movilidad. Su construcción ha restado espacio público destinado al transporte vehicular y peatonal  (de carros, motos y personas en el centro Tradicional. El carril de uso exclusivo para Megabus (solo bus) ocupa 12.145 m2   y las  estaciones de cargue y descargue de pasajeros ubicadas en este sector, ocupan cada una 120 m2.  y fueron construidas sobre la antigua vía, en total 10 que aproximadamente ocupan 1200 mt2  de espacio público en el sector del “Centro”. En total la vía de Megabús ocupa 34 Kilómetros de vías en el área metropolitana Centro Occidente.
 
De acuerdo al artículo 10 del decreto 1600 de 2005 y el decreto 564 de Febrero 24 de  2006,  Megabus está entre las entidades que no deben solicitar licencia de ocupación e intervención del Espacio Público.

En la avenida del ferrocarril, donde se realizan actividades de mecánica y pintura callejera, los andenes permanecen ocupados con  motos y carros. En la calle 22 con cra 12, gran cantidad de motos y autos permanecen parqueados durante el día. Allí se realizan labores de compraventa y de mantenimiento. Toda la ocupación de calles y aceras para parqueo, distinta a las zonas azules, está prohibida legalmente, pero el control en este sentido es bastante deficiente. No se ha ejecutado una política de recuperación de este espacio público. Es evidente la permisividad oficial. En contraste, la recuperación del espacio público ocupado por las ventas informales sí es una política de vieja data. La represión por medio de operativos para realizar el decomiso de las mercancías,  los programas de reubicación de las ventas callejeras en espacios cerrados (edificaciones) de los puestos de comercio informal que ocupan espacio en las aceras, han sido las estrategias más utilizadas por las diferentes administraciones del municipio de Pereira.

A los comerciantes informales los funcionarios de la secretaría de Gobierno les arrebatan la mercancía de cuya venta dependen los ingresos para sobrevivir el trabajador o la trabajadora y su familia. En la actual administración del alcalde Israel Londoño, los decomisos han afectado particularmente a los comerciantes informales de frutas y verduras (carreteros). Esta medida oficial de tipo represiva para controlar el uso del espacio público para las ventas ambulantes, viola abiertamente el derecho fundamental del trabajo y el derecho al mínimo vital y en muchos casos el principio de la confianza legítima. En la sentencia T- 772 de 2003, la Corte Constitucional expresa que el Estado no puede violar los derechos fundamentales de las personas dedicadas a las ventas callejeras con el argumento de defender el derecho al espacio público. Recuerda que Colombia es un estado social de derecho y, por tanto, la administración municipal debe desarrollar alternativas de empleo para posibilitar que los vendedores informales ejerzan una actividad laboral distinta. La política de decomisos viola, entre otros, la jurisprudencia y los derechos fundamentales, aquí relacionados.

El fracaso de las reubicaciones
Los centros comerciales: San Andrecito de la calle 30, San Andrecito de la calle 17, los basares populares y más recientemente el centro Comercial de la calle 13 y el basar de la calle 18 con carrera 11, son el producto de estas realizaciones. Los escribientes también han sido trasladados de un sitio a otro en varias ocasiones.

La primera gran reubicación de puestos de ventas informales realizada en el municipio de Pereira, fue San Andrecito ubicado entre la calle 30 y 31. Allí se reubicaron a los comerciantes que tenían sus puestos en el parque La Libertad. Luego se efectuó la reubicación en san Andresito de la calle 17. En el gobierno de la ex alcaldesa Martha Elena Bedoya se implementó la política de basares populares. La administración municipal alquiló y adecuó unas edificaciones y algunos lotes de engorde para trasladar a comerciantes informales que ejercían ventas semiestacionarias. La alcaldesa desarrolló una violenta represión contra  los trabajadores y trabajadoras del comercio informal, que no creyeron ni aceptaron ser reubicados en los basares. La violencia oficial contra los vendedores cobró varias vidas, el asesinato del artesano Jhon Alirio Carmona fue el hecho criminal más denunciado.  

Estos proyectos no contaron con estudios de factibilidad serios, hoy es indiscutible su fracaso. En el año de 2008 se construyó una edificación para el centro comercial la 13 (calle 13 entre cras 10 y 11) donde fueron trasladados 294 ocupantes de los basares. Según han denunciado algunos concejales y el sindicato de vendedores informales, SINDEVENDEDORES, en las últimas administraciones se han gastado más de 25.000 mil millones de pesos en proyectos de reubicación para desocupar el espacio público de comerciantes informales. A pesar de la millonaria inversión, la situación de los comerciantes informales que participaron de estas reubicaciones están en una situación económica y social peor que hace 5 años. Los únicos beneficiados han sido los contratistas, amigos del alcalde de turno o los recomendados de sus jefes políticos.

El fracaso de las reubicaciones radica precisamente en esto: los reubicados en su gran mayoría han vuelto a las ventas callejeras. La inversión oficial se ha dirigido al pago de costosas consultarías, diseños, obras de infraestructura, y módulos. La ubicación desfavorable de los basares y los centros comerciales, sumada al poco capital para surtir los locales, son, entre otros, los principales factores que ocasionaron el fracaso de estos proyectos oficiales. Otro elemento importante es la poca incidencia por parte de los comerciantes informales en la definición de las posibles alternativas. SINDEVENDEDORES solicitó a la contraloría municipal de Pereira realizar un  seguimiento a la inversión de 2.500 millones en la construcción del Centro comercial la 13 y esta entidad  encontró en septiembre de 2008 dos hallazgos de tipo fiscal y uno de tipo administrativo. Hasta la fecha se conocen los resultados de la investigación que debió realizar sobre estos hechos el ente de control.

Actualmente la Universidad Católica ha contratado con la alcaldía de Pereira la ejecución del proyecto Plan Integral de Manejo de Vendedores Informales de Pereira- PIMVIP-. El municipio ha destinado 954 millones 306 mil pesos que serán invertidos antes de finalizar este año. Con la participación del comercio formal e informal y la administración municipal, se ha formulado y aprobado el pacto cívico, para el manejo de las ventas informales en el Centro de Pereira. La reubicación en pasajes comerciales abiertos y con techo y la redistribución de los puestos estacionarios en nuevos  módulos son las dos estrategias principales que la Universidad Católica pretende desarrollar para reorganizar las ventas informales en el  centro de Pereira.

A pesar de estar participando de este proceso, los funcionarios de la alcaldía continúan decomisando mercancías. El sector más afectado por esta política represiva ha sido el de los vendedores callejeros de frutas y verduras, más conocidos como los carreteros. Les decomisan las verduras y las carretas, en la mayoría de los casos entregan los productos descompuestos y  demoran la entrega de las carretas hasta 2 meses, o no las devuelven. También decomisan a vendedores de afiches y otras mercancías. Con el fin de ocasionar más perjuicio económico al comerciante informal callejero, los funcionarios de la alcaldia de Pereira realizan decomisos los días viernes en la tarde, los jueves y cuando hay puente festivo, como le ocurrió al señor  José Helmer Giraldo  Arenas, de 42 de edad, enfermo de epilepsia, a quien le hicieron decomiso el Viernes 7 de agosto a las 8:20 de la mañana (Fiesta Patria). Así lo privaron de ejercer su actividad laboral durante tres días consecutivos, clara violación al derecho al trabajo.

Sindevendedores ha denunciado que la Universidad Católica está pagando salarios de hasta 6 millones y medio a empleados que trabajan en desarrollo del PIMVIP. Aún siendo integrantes de la mesa de concertación para buscar alternativas a la ocupación del espacio público, los comerciantes informales no fueron invitados por el alcalde a participar en la discusión de un proyecto de acuerdo dirigido a entregar el espacio público a particulares para su explotación económica. La aprobación por parte del concejo municipal de Pereira del acuerdo 078, en diciembre del 2008, creó inconformidad entre los comerciantes informales. Esta norma autoriza al alcalde para realizar contratos de concesión para explotar económicamente el espacio público. Según se afirma, el concesionario cobrará por la ocupación del espacio público para realizar actividades comerciales y afectará al comercio informal. Bajo esta modalidad se concreta la privatización del espacio público.

Pereira ha ocupado los primeros lugares en desempleo en los últimos años, y desde junio ocupa el primer lugar, en el mes de julio alcanzando el índice  del 20.7%, según el DANE. Sin una efectiva política de redistribución de la riqueza que apunte a resolver las causas de la pobreza y marginación de que son víctimas más de 25 millones de colombianos, sin el desarrollo de una reforma agraria integral y la aplicación de políticas que concreten una redistribución efectiva de la riqueza y promuevan la generación de empleo formal y la creación de empresas individuales o asociativas, no es posible disminuir las ventas callejeras y por tanto desocupar las aceras de comerciantes informales en Pereira o en cualquiera de las ciudades colombianas. Si no aumenta el empleo formal, se incrementa la informalidad y por tanto el comercio callejero.

El aumento de las ventas callejeras es el producto lógico de un sistema social y económico que excluye a millones de colombianos de los beneficios del desarrollo. El comercio informal es una realidad donde se expresa de forma clara el nivel de desempleo. La informalidad es una situación laboral de  subempleo.
 
Como si fuera poco, las centrales obreras no cuentan con una política clara frente a la problemática del desempleo y el aumento de la economía informal y en particular sobre el comercio callejero. El sindicalismo tradicional ha estado más relacionado con población vinculada laboralmente al empleo formal. Esto se refleja en el poco apoyo dirigido a la  capacitación y formación de los líderes de organizaciones del comercio informal, lo que les resta posibilidades de proponer y desarrollar alternativas que beneficien a la  gran masa de  población subempleada y desempleada.

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