Contratacion del estado- Introducción

Introducción

En el presente informe doy a conocer los Recursos que reconoce la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) en Honduras vistos en la clase de Derecho Administrativo I. los cuales son los siguientes: reposición, apelación y revisión.

Estos, a su vez, los clasifica en recursos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los que proceden en todos los casos de infracción al ordenamiento jurídico. Extraordinario es aquel que procede únicamente en los casos que taxativamente señala la LPA.

Los recursos ordinarios son dos, a saber: la reposición y la apelación; extraordinario solo hay uno, el de revisión.

Objeto De Los Recursos

Los actos objeto de recurso son aquellos en los que la voluntad de la Administración está dirigida a producir efectos jurídicos. Se pueden impugnar mediante recurso, entonces, los actos que sean manifestación de autoridad.

No serán objeto de recurso, aquellos que sean manifestación de una opinión o juicio dictámenes, de conocimiento o comprobación, registros, levantamiento de actas, etc. o de deseo (un voto). Estos son actos preparatorios del acto definitivo, por el cual se manifiesta la voluntad del Estado. Son actos cuyos efectos no alcanzan a los particulares directamente, porque ni otorgan ni deniegan lo pedido por éstos, aunque pueden servir para formar la voluntad de la Administración expresada en el acto final

Clasificación

Actos particulares o generales:

Los actos susceptibles de ser impugnados mediante los recursos legales son todos los de carácter particular o general. Pueden impugnarse, entonces, los que van dirigidos a personas determinadas (resoluciones, por ejemplo) o aquellos cuyos efectos son de carácter general (reglamentos).

Los actos recurribles son, en consecuencia, los que adoptan la forma siguiente: decretos, acuerdos, resoluciones o providencias.

Actos definitivos y actos firmes

Los actos definitivos pueden impugnarse mediante los recursos ordinarios. La reposición y la apelación son los medios recursivos para impugnar las resoluciones, los acuerdos y los decretos, a partir del día siguiente a su notificación.

Los actos firmes, en cambio, no son susceptibles de impugnación mediante recursos administrativos ordinarios. Se acepta, sin embargo, la impugnación mediante el recurso de revisión, pero solamente en los casos indicados expresamente en la LPA.

Caso especial

Los decretos, acuerdos y resoluciones pueden ser recurridos en cualquier caso, siempre que se cumplan con los requisitos que se detallan en los números que siguen.

Las providencias, en cambio, no podrán impugnarse siempre. Está previsto que se impugnen en dos casos únicamente, a saber: cuando imposibiliten la continuación el procedimiento o causen indefensión. Fuera de estos dos supuestos no se admitirá recurso alguno contra las providencias o autos.

LEGITIMACIÓN

Solamente los interesados podrán interponer los recursos que reconoce la LPA, es decir, solamente los legitimados.

Son legitimados, según la LPA, quienes sean titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo afectado por el acto impugnado.

Motivos

Clasificación:

Los motivos en los que pueden fundar los recursos administrativos ordinarios, son de dos tipos:

1. infracción al ordenamiento jurídico:

Los interesados pueden fundar sus recursos ordinarios en cualquier infracción al ordenamiento jurídico, es decir, en cualquier violación al ordenamiento jurídico en que incurra la autoridad en la emisión del acto respectivo.

La LPA identifica dos figuras que son especies del género infracción al ordenamiento jurídico. Estas dos figuras son las siguientes: el exceso de poder y la desviación de poder. Ambas se estudiaron en su oportunidad, por lo que remito al estudiante a la sección respectiva.

2. razones vinculadas a la oportunidad y conveniencia, es decir, al mérito:

Este motivo será invocado únicamente en aquellos actos que se emitan en el ejercicio de potestades discrecionales. La resolución que emita el órgano competente en estos casos, no declarará la anulación del acto impugnado. No procede la anulación porque el acto impugnado no viola la norma jurídica, es decir, es un acto válido. Por tanto, la impugnación no se fundamenta en la invalidez del acto, es decir, no se alega infracción al ordenamiento jurídico.

En estos casos lo que alega es que el acto ya no es conveniente ni oportuno y que por estas razones debe suprimirse para que deje de tener efectos. Desde luego, el interesado impugna porque le conviene que el acto sea eliminado. En estos casos, lo que decide la Administración es la revocación del acto impugnado, no la anulación.

El acto impugnado, entonces, no viola la ley, es decir, es un acto válido. La impugnación se fundamentará en que, a pesar de ser válido, ya no es conveniente ni oportuno para el servicio al que está destinado. Por consiguiente, las razones que alegue el interesado serán valoradas desde esta perspectiva.

Procedimiento

Inicio:

Formulación del recurso

A) Interposición

El recurso se formula por escrito y debe presentarse ante el órgano competente para recibirlo.

El escrito del recurso debe contener lo siguiente:

• Suma que indique el recurso de que se trata. No obstante, el error en la denominación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo.

• La indicación del órgano al que se dirige.

• El nombre y apellidos, estado civil, profesión u oficio y domicilio del recurrente o de su representante, en cuyo caso debe presentar el documento que acredite su representación o, simplemente, indicar que dicha representación ya está acreditada en el expediente.

• Señalar concretamente el acto contra el que se recurre.

• Indicar con precisión los motivos o fundamentos de la impugnación.

• Lugar, fecha y firma o huella digital cuando no supiere firmar

B) La regla solve et repete

Esta regla postula que la impugnación de cualquier acto administrativo que implique liquidación de un crédito a favor del Estado sólo es posible si el particular acredita previamente el pago de la cantidad que se discute.

El previo pago para reclamar sería una injusticia si se exige siempre que la Administración declara que el particular le debe una cantidad determinada de dinero y éste declara no deber

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