Control Social Formal

1. EL POPULISMO PUNITIVO QUE PREGONA EL FUNCIONALISMO COMO FORMA DE COMBATE DE LA CRIMINALIDAD

El Populismo Punitivo o funcionalismo radical, a manera de importación de los doctrinarios alemanes principalmente de Ghunther Jakobs es utilizada para solucionar la problemática social utilizándose como arma del Derecho Penal. Así luego del 11 de septiembre de 2001 en que se llevó a cabo el atentado terrorista en los EE.UU. los legisladores a nivel global incluyendo el Perú se han modificado incrementando y agravando una serie de delitos en respuesta a los clamores de venganza de determinados ciudadanos que trasciende a lo mediático partiendo de la premisa que los enemigos se han apartado del derecho por su actitud de vida económica o por incorporarse a una determinada organización, así en forma sistemática se ha venido criminalizando en un inicio a los inmigrantes y grupos de pandilleros urbanos en el País del norte y a barristas, y de jóvenes dedicados al consumo de drogas, a quienes se les estigmatiza agravando las conductas delictivas que antes eran leves tales como delitos contra el patrimonio, disturbios, bloqueo de carreteras, protestas, micro comercialización de drogas, etc, en que se ven involucrados grupos sociales ubicados en la marginalidad, exclusión económica, cultural y social, considerados como ciudadanos de segunda clase o enemigos del sistema Democrático o del Estado de Derecho. Así se pretende crear una falsa apariencia de seguridad ciudadana, vulnerándose el carácter fragmentario del Derecho Penal de última ratio.

Los últimos acontecimientos acaecidos con motivo de las medidas que ha tomado la Alcaldesa Susana Villarán en el ex mercado Mayorista de la Parada que han ocasionado 3 muertos, numerosos heridos entre policías y ciudadanos, sin dejar de destacar los saqueos y daños han derivado en la respuesta inmediata del control social formal (PNP, Fiscalías y Juzgados Penales), puesto que al haberse detenido a más de 125 personas las cárceles se abarrotan de más reos que en su mayoría provienen de familias de escasos recursos económicos y según la prensa más del 80% tiene antecedentes penales por delitos de micro comercialización de drogas, cogoteo, huerto agravado y de bagatela.

La respuesta del Estado frente a las revueltas no se hizo esperar, puesto que los grupos humanos sometidos al proceso penal se ven de pronto inmovilizados en seguir generando peligro y saqueos, se busca garantizar de este modo la seguridad Pública abarrotando más los sobrepoblados penales del País, sin embargo diferente es la respuesta o trato que realizan los instrumentos de control social formal contra los delincuentes de mayores recursos económicos como los defraudadores de rentas del Estado, delincuentes vinculados a actos de corrupción y otros que movilizan y sustraen enormes sumas de dinero (lavados de activos) que en caso de ser procesados no son encarcelados como los otros

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