Control Social

CONTROL SOCIAL

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION

La participación del Contador Público en el control social de la gestión pública en Santiago de Cali.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

A partir de 1991, con la promulgación de la constitución Política de Colombia. Las posibilidades para la participación ciudadana y en particular, en la modalidad de control social, se ampliaron. En un Estado social de derecho y en el marco de una democracia participativa, principios y fines del Estado establecidos por la nueva carta, la ciudadanía no solo tiene derecho al voto sino a participar directamente en la concertación, consulta, control y vigilancia de las decisiones que los afecten y en general, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

El control social ha tenido desarrollo legal en una gran cantidad de Leyes y Decretos nacionales (ley 100/93, ley 80/93, ley 101/93, ley 136/94, ley 142/94, ley 134/94, ley 136/94, ley 489/98, entre otras), con distintas denominaciones: control. Vigilancia, fiscalización, seguimiento, veeduría ciudadana, veeduría comunitaria, veeduría cívica y control ciudadano.

Reconocimientos de la importancia del control social en el país se hacen desde distinto escenarios sociales y estatales. Es tenido como uno del os nichos mas importantes de construcción de agentes participativos en el país. Se argumenta que contribuye a hacer realidad que el poder será público y que se ejerza a los ojos de todos; que es una estrategia central en la construcción de un nuevo contrato social en Colombia y en la lucha contra la corrupción. Es un componente del buen gobierno y de la gestión publica y hace parte de y contribuye a una amplia, deliberante y actuante ciudadanía alrededor de lo público. (No. 8: el control social a la administración publica en Colombia – aproximaciones- Colombia – Mayo de 2004).

En concordancia con lo anterior, la participación ciudadana en el control de la gestión pública no es otra cosa que el ejercicio de un deber y de un derecho que tienen todas las personas para vigilar que los fines del Estado social de derecho se están cumpliendo a cabalidad y que las autoridades públicas están desempeñando de manera correcta el mandato que el pueblo les ha otorgado. Lo que quiere decir que no es una participación instrumental que se limita a valorar si los contratos de la administración pública se ejecutan con transparencia o a evaluar la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas sino que se trata de un ejercicio altamente político y social que de manera permanente juzga el cumplimiento de los derechos humanos en la sociedad y que interpela a las autoridades para que sus acciones los consoliden.

De acuerdo a estudios realizados (Seligson, 2001) se ha observado que existe un vacio entre la teoría normativa y la práctica, en relación con el conocimiento de la participación ciudadana en el país. Pues la comunidad tiene una percepción acertada de las funciones de la participación, ya que pareciera que el colombiano entiende que la carta política tiene una estrategia democrática participativa, sin salirse de los lineamientos de la democracia representativa. (Entendiéndose como democracia participativa cuando la comunidad de forma organizada participa de la gestión pública de manera activa y como democracia representativa la que ejerce la ciudadanía con el voto). Pero no obstante al observar que la ciudadanía

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