Corrupcion Gubernamental

CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

Voy hablar sobre el problema de la corrupción gubernamental, pero para empezar voy a definir que es corrupción. Corrupción es en las organizaciones, especialmente en las públicas, la práctica de la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. También se define como el acto a través del cual un funcionario público violenta las normas del sistema legal imperante, para favorecer intereses particulares o de grupo a cambio de un beneficio, recompensa para sí o para terceros. La corrupción gubernamental es la desviación de los fines de la función pública en beneficio particular. Se obtienen beneficios mediante la utilización de la influencia otorgada por cargos públicos o por la fortuna privada del particular que genera el enriquecimiento ilícito del funcionario. El concepto de Corrupto es por lo tanto el comportamiento desviado de aquel que ejerce un papel de esta naturaleza en el servicio público y corrupción es un modo particular de ejercer tal influencia o abuso ilegal. Según una encuesta publicada por el periódico El Nuevo Día, el 27 de febrero de 2000, se obtuvo la siguiente percepción “la corrupción está en la mente de los puertorriqueños siendo un serio problema durante esos años’. Imagínense cómo piensa el pueblo en la actualidad con tan grave problema que nos afecta a todos los niveles. En este problema los más perjudicados somos el pueblo, que tenemos que pagar por todos esos delitos y barbaridades que comenten nuestros políticos, los cuales elegimos para que nos ayuden y velen por nuestros intereses, cosa que no hacen y sólo piensan en sus beneficios y grandes intereses.

Ahora bien, el alcance de este problema es uno a nivel mundial pero en lo que nos concierne a nosotros ha hecho sus estragos en todas las esferas a nivel gubernamental, desde políticos de diferentes partidos hasta jefes y empleados de agencias gubernamentales. Donde enfatizamos nuevamente que los que salen perdiendo es el pueblo, al cual afecta en todos los ángulos, desde lo económico hasta su estado emocional. Según podemos ver durante los últimos años de la década del 1990 fue donde más se desarrollo este problema. Esto debido a los muchos casos que surgieron durante la Administración del ex gobernador Pedro Roselló. Desde el 2000 hacia adelante las autoridades federales empezaron a investigar todas estas irregularidades de los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico. Entre ellos: las de alcaldes de varios municipios y de directores de agencias gubernamentales: Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), Departamento de la Vivienda, Departamento de Salud, Departamento de Educación, El Fondo del Seguro del Estado y de funcionarios del Ejecutivo y la Legislatura. Una encuesta mundial realizada por la empresa Gallup en 2006 publicada por Primera Hora, colocó a Puerto Rico en la posición 81 entre los 101 países más corruptos del mundo, según la percepción de sus propios habitantes. Según las convicciones por corrupción per cápita en la nación americana nos ponen en la posición número 11. Este número per cápita fue obtenido por el número total de convicciones entre los años 1998-2007 y luego dividido por cada millón de habitantes. Otro dato importante es que según las estadísticas del Federal Bureau of Investigation (FBI) el 10% de los casos de corrupción sometidos a los tribunales federales de los Estados Unido desde 2004 corresponden a la jurisdicción de Puerto Rico y 156 funcionarios de Puerto Rico fueron acusados de corrupción. De las 56 oficinas del FBI existentes en la nación norteamericana, sólo cinco de ellas presentaron en 2005 más cargos de corrupción federal que la de Puerto Rico.

Sobre las leyes vigentes tenemos que mencionar la Ley # 12 del 24 de julio de 1985, conocida como la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Código Penal, Constitución de Puerto Rico, Ley #14 d 11 de abril de 2001 Ley de Protección y Compensación a personas que denuncien actos de corrupción contra fondos y propiedad pública, Ley #426 de 7 de noviembre de 2000, Ley 222 de 6 agosto de 1999, entre otras. Además hay reglamentos y la Oficina del Contralor. Todas lo antes mencionado cubre todo lo referente a cómo debe manejarse un funcionario de gobierno, en otras palabras las instrucciones a seguir para no fallar. Por ejemplo tenemos como se deben efectuar el proceso de compras. Para iniciar este proceso

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