DERECHOS HUMANOS

¿POR QUÉ LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEBEN PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS?

El Estado democrático tiene como finalidad promover y satisfacer exigencias colectivas, y está autorizado para expresar y determinar la voluntad general.[1] En él se concentran las funciones, facultades y obligaciones para tomar decisiones que repercutan en el conjunto de sus ciudadanos.

Sin la sociedad organizada en el Estado, caeríamos en un estado de naturaleza[2], un ambiente en el que cada individuo es libre de hacer lo que quiera, incluso aquello que pueda afectar la libertad y los derechos de otros, pero por lo mismo, estaría expuesto a los abusos de los demás. Para vivir en sociedad, de acuerdo con Rousseau, los individuos ceden voluntariamente sus derechos con la finalidad de crear al Estado como una entidad capaz de obligar a cada integrante a apegarse a las reglas de convivencia, leyes y reglamentos sociales; que le permitirán contar con un mínimo de seguridad personal, laboral y familiar, así como garantizar la posesión de sus propiedades.

Es así como las funciones, obligaciones, facultades y atribuciones del Estado se traducen en el acto de tomar decisiones que afectan a toda la comunidad sobre la cual ejerce su autoridad, además de procurar orden y seguridad a la misma.

Los humanos somos tan valiosos que cada uno merecemos no sólo que el Estado nos respete, sino que también actúe para garantizar, defender y proteger el derecho de todos y cada uno a buscar su felicidad. [3]

El principal instrumento de protección de los Derechos Humanos dentro de un Estado es su Constitución, en la cual además de encontrarse la estructura, organización y distribución del poder, se encuentran consagrados los derechos fundamentales de todos los miembros que viven en él; es decir, aquellos principios y valores que una sociedad considera fundamentales.

Para hacer respetar la Constitución y con base en ella, el Estado democrático emprende acciones positivas para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, entre ellas la de establecer una arquitectura institucional también llamada Administración pública, con recursos suficientes y que permita a los ciudadanos recibir bienes de interés público. Éste es el objetivo de las instituciones y organismos públicos y no debe ser entendido como dádiva o regalo, pues la razón de la administración pública es el servicio y la satisfacción de los intereses generales.

En otras palabras, la Administración pública es el medio a través del cual el Estado promueve y garantiza los derechos fundamentales; y debe regirse por los principios de legalidad, eficacia y servicio. Además de representar, ser una instancia transparente, abierta a la información, a la participación y al control democrático por parte de los ciudadanos en función de preservar el bien común[4].

En un Estado Social y Democrático de Derecho, la administración pública no es dueña del interés público, sino que está llamada a crear un clima y articular una adecuada intercomunicación con los ciudadanos para que éstos puedan ejercer sus derechos fundamentales de manera efectiva y puedan colaborar en la gestión de los intereses públicos. Toda institución pública se crea para proporcionar a la sociedad unos bienes que por derecho le corresponden, y en virtud de los cuales queda legitimada su existencia. En el caso de no producirlos, la sociedad tiene derecho a reclamárselos y, por último, a deslegitimarlas.

Cada institución tiene una meta por la que cobra todo su sentido; de ahí que sus miembros deban esforzarse por alcanzarla. Los funcionarios y servidores públicos deben ser conscientes de la misión que debe cumplir su institución y de la responsabilidad de utilizar el poder público para satisfacer y/o defender los derechos de los individuos. Por tanto, están obligados a actuar conforme a la ley y con la sensibilidad suficiente para brindar una atención adecuada, por lo que todos los empleados del gobierno deben realizar su trabajo conforme los siguientes principios[5]:

 Imparcialidad. Brindar un trato igual para todas las personas, sin importar la apariencia, género, condición social o económica, ni alguna otra característica.

 Legalidad. Fundamentar siempre su trabajo en la ley; únicamente pueden hacer aquello que ésta les ordene y deben evitar incurrir en excesos o abusos de autoridad.

 Oportunidad. Actuar con prontitud al momento de brindar un servicio, pues cualquier retardo injustificado se considera negligencia y evita que nuestros derechos se protejan de manera adecuada.

 Lealtad y honradez. Evitar solicitar o recibir cualquier cantidad de dinero por la prestación de un servicio público que debe ser gratuito.

 Servicio. Ofrecer un servicio que atienda los intereses colectivos, procurar el

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