Defensoria Publica Agraria
Enviado por Joshpe • 29 de Noviembre de 2012 • 1.535 Palabras (7 Páginas) • 772 Visitas
LA DEFENSA PÚBLICA.
EN MATERIA AGRARIA Y PESQUERA
La Defensa Pública Agraria y Pesquera orienta, asiste y asesora de manera gratuita, a todos los trabajadores del campo y de la pesca que soliciten sus servicios, incorporados en la actividad agrícola, pecuaria y/o avícola. Los defensores públicos agrarios, también tienen dentro de sus funciones: solicitar inspecciones, avalúos e informes de campo, estudios aerotécnicos y cualquier otra diligencia y/o práctica que sirvan de apoyo en la búsqueda de la solución del problema planteado por el usuario del servicio.
El mayor porcentaje de intervenciones realizadas por las Defensoras y Defensores Públicos fueron destinadas a atender soluciones de orden jurídico, mediaciones, redacción de documentos, aspectos que no requirieron la utilización de alguna instancia jurisdiccional.
Competencia en materia agraria y Pesquera
La Defensa Pública tiene como objeto orientar, asistir, asesorar y representar legalmente de manera gratuita, a las campesinas y campesinos, y a las pescadoras y pescadores artesanales, ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas del Estado, por cualquier situación o requerimiento de carácter jurídico derivado de las actividades que realizan.
¿Quiénes pueden solicitar los servicios en materia Agraria y Pesquera?
Las trabajadoras y trabajadores del campo, así como las pescadoras y pescadores artesanales que necesiten defensa en los procedimientos administrativos o judiciales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Entre las atribuciones de las Defensoras Públicas y Defensores Públicos en esta materia se destacan:
Solicitar inspecciones, avalúos, informes de campo y estudios agrotécnicos, impulsar la capacitación de los beneficiarios, asesorarlos sobre la creación de cooperativas destinadas a la actividad agraria y pesquera, y cualquier otra diligencia que sea necesaria para la solución del conflicto.
¿Cómo solicitar los servicios de una Defensora Pública o un Defensor Público?
Las trabajadoras y los trabajadores del campo, así como las pescadoras y pescadores artesanales que necesitan orientación, asistencia, asesoría y representación legal pueden acercarse a las sedes regionales de la Defensa Pública ubicadas en el ámbito nacional, donde de manera inmediata le será designada una Defensora Pública o un Defensor Público con esta competencia.
Relación entre las instituciones del Derecho Agrario con la agricultura sustentable y los medios legales para eliminar el latifundio como problema agrario.
El Derecho Agrario, pretende lograr una distribución más justa de las tierras rurales y aumentar la productividad del sector agrario, eliminar el latifundio, mejorar el uso de la tierra evitando la acumulación o tenencia de tierras ociosas que no cumplan una función social determinada, principalmente la seguridad agroalimentaria.
En Venezuela, la mayor concentración de la pobreza se ubicaba en poblaciones menores de 25.000 habitantes y en las áreas rurales (74%).Esto orienta la problemática hacia la superación de la pobreza rural como objetivo principal. La atención de los entes gubernamentales encargados de la problemática agraria debe concentrarse en la acción de las instituciones de la propiedad. Sin propiedad formal no puede haber mercado, si se entiende apropiadamente al mercado no sólo como un mecanismo de transacción; si no como un principio para organizar la actividad económica en una sociedad.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al tratar sobre el sistema socioeconómico de la Nación, hace énfasis en la agricultura como base estratégica de un desarrollo rural sustentable. El valor del ámbito agrario no se limita a los efectos económicos beneficiosos sobre la producción nacional, sino que trasciende dicha esfera y se ubica dentro de la idea, mucho más integral, del desarrollo humano y social de la población. Dentro de esta línea, la Constitución dispone que el Estado deberá desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social, garantía de la seguridad agroalimentaria, medio de desarrollo rural, elevación de la calidad de vida de la población campesina.
En este sentido, y en consonancia con lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 307, se pretende implantar los medios necesarios para la eliminación íntegra del régimen latifundista, como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo.
La productividad agraria viene a ser un concepto jurídico indeterminado que funge como patrón de medición de la adecuación que exista entre la tierra objeto de propiedad y su función social. Se establecen, al efecto, tres niveles básicos de productividad: finca ociosa o inculta, finca mejorable y finca productiva. Las tierras calificables como fincas ociosas o incultas son aquellas que no cumplen con los requisitos mínimos de producción; en tal sentido, pueden ser objeto de intervención o expropiación agraria, y serán gravadas con un tributo; este gravamen y las eventuales intervención o expropiación sobre la tierra ociosa, más que un castigo a la improductividad, procuran
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