Derecho Concursal

El fenómeno de la insolvencia se observa como un indicio de molestias económicas, donde se encuentra anomalías patrimoniales que afectan otros patrimonios que llevaría a una crisis económica. En Venezuela ante una crisis patrimonial cuya principal exteriorización seria la insolvencia, intenta algunos medios judiciales con el propósito de conseguir una justa distribución; la prenda común de los acreedores entre los acreedores afectados, para conseguir la continuidad o recuperación de esos patrimonios en crisis. El objetivo del sistema Concursal es la permanencia de la unidad productiva, la protección del crédito y el patrimonio de la empresa. Los agentes del mercado procurarán una asignación eficiente de sus recursos durante los procedimientos concursales orientando sus esfuerzos a conseguir el máximo valor del patrimonio en crisis

Las dos figuras fundamentales entre los procesos concursales venezolanos es el Atraso Judicial y La quiebra de acuerdo a nuestro código de comercio las masas activas y pasivas de la quiebra, la liquidación y satisfacción de las acreencias se puede realizar por tres vías como es la liquidación por acreedores esta modalidad se cumple mediante la designación de un liquidador que deberá ser asignado por un juez, entre una terna propuesta por la masa de acreedores que haya resuelto tal modo de liquidación y será vigilada y controlada por una comisión d tres acreedores que tendrán a cargo la ejecución y vigilancia de la liquidación, y darán cuenta al tribunal, la otra vía es la liquidación por síndicos si en la primera reunión de acreedores no se resolviere la liquidación por acreedores, el Juez consultara a los acreedores sobre el sindico provisional que es una especie de depositario judicial, si continuara o no como sindico definitivo, si debe sustituirse y el régimen de administración que más convenga a la quiebra, y por último el convenio de liquidación con los acreedores en cualquier estado de la quiebra el fallido podrá llegar a un acuerdo con sus acreedores, lo cual regula el legislador de manera diferente según sea acordado por unanimidad o por mayoría de 2/3 parte de los acreedores admitidos que represente las ¾ del total de los créditos.

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