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Derecho Sucesoral


Enviado por   •  20 de Febrero de 2013  •  301 Palabras (2 Páginas)  •  489 Visitas

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Derecho de petición debe ser regulado mediante ley estatutaria

Conozca sus derechos - Congreso de la República y Derechos

En la Sentencia C-818-2011 la Corte Constitucional declaró inexequibles algunos artículos de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, por considerar que regulaban el núcleo esencial del derecho de petición. Los efectos de la anterior declaración de inexequibilidad quedaron diferidos hasta 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso expida la ley estatutaria correspondiente.

A continuación Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

¿Puede el Congreso de la República desarrollar y regular el derecho fundamental de petición dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin vulnerar la reserva de ley estatutaria?

...La Respuesta

El Congreso de la República no puede desarrollar y regular el derecho fundamental de petición dentro del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin vulnerar la reserva de ley estatutaria, porque:

1. No pueden regularse a través de trámite legislativo ordinario elementos inherentes al núcleo esencial de un derecho fundamental, más todavía cuando no existe otra norma jurídica que regule de esta manera, o de cualquier otra, este derecho fundamental.

2. Una ley ordinaria no puede regular aspectos estructurales del derecho de petición como por ejemplo, objeto, finalidad, modalidades, forma de ejercicio, contenido, aspectos procedimentales respecto a la resolución de la peticiones, aspectos referentes a la organización del trámite de las peticiones, excepciones al derecho de petición frente a documentos reservados, el establecimiento de un proceso judicial en caso de disputa sobre el acceso a los documentos, alcance de las respuestas dadas por las autoridades a peticiones de consultas y su carácter no obligatorio y el ejercicio del derecho de petición ante entidades privadas.

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