EL DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO

EL DERECHO COLECTIVO DE TRABAJO

“El derecho Colectivo es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores no de modo individual, sino en atención a los intereses comunes a todos ellos o a los grupos profesionales .

El Estado como principal ente protector de la seguridad y bienestar de la sociedad, cumple con establecer en la Carta Magna y en la Ley Orgánica del Trabajo así como en su reglamento estatutos que orientan la acción colectiva por parte de los trabajadores.

Sabemos que el derecho al trabajo es objeto posible de negocios, es un bien inseparable de la persona del trabajador. Debe preservarse de tal forma que mediante normas imperativas se establezcan límites a los contratos sobre actividades de trabajo en las que se comprometan físicamente las personas que han de prestarlas, límites tendentes a proteger bienes como la vida, la integridad física, la salud o la dignidad del trabajador con una finalidad compensadora. Tiende a paliar la disparidad de fuerzas que, en el punto de partida, existe entre quienes demandan y ofrecen trabajo, mediante normas imperativas que establecen contenidos mínimos de los contratos no negociables, así como garantías procesales y administrativas en favor de los trabajadores.

En el Titulo VII de la Ley Orgánica del Trabajo se destacan los derechos que tienen tanto los trabajadores como los patronos para celebrar las relaciones colectivas que vayan en pro del mejoramiento económico, social de la nación. A su vez se resalta e derecho a huelga. Una forma colectiva de organizarse son las organizaciones sindicales constituyendo estas un derecho inviolable. No todos los trabajadores y/o patronos están obligados a pertenecer a organizaciones sindicales u otras del mismo ramo, pero si deben favorecer a aquellos que no estén incluidos. Las organizaciones sindicales pueden ser conformadas libremente sin más requisitos que los establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los sindicatos están en la libertad de redactar sus normativas así como programar sus reuniones y acuerdos necesarios para el buen funcionamiento de los mismos

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