EL SISTEMA TRIBUTARIO EN VENEZUELA

UNIVERSIDAD YACAMBÚ
VICERRECTORADO ACADÉMICO. [pic 1]

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Administración Tributaria

Autores

Wanda Molina. Expediente: ACP-163-00352

José Andrés Salazar. Expediente: ACP-163-00

Kisari Guedez. Expediente: ACP-171-00541

Adriana Smith. Expediente: ACP-163-00368

Cátedra: Administración Tributara

Facilitador: Oswaldo Castillo

Cabudare, Octubre 2018

EL SISTEMA TRIBUTARIO EN VENEZUELA

Antes de desarrollar el tópico referido los principios constitucionales que deben regir el sistema tributario en Venezuela, es menester precisar qué entendemos por sistema tributario, entendido éste como el conjunto de normas, reglas, y organismos que regulan la fiscalización, el control y la recaudación de los tributos, a través del dicho sistema con su organización legal, técnica y administrativa el Estado busca ejercer de forma eficaz, optima y objetiva su poder tributario.

Ahora bien, en Venezuela como en la gran mayoría de naciones donde se concibe el Estado de Derecho, con constituciones modernas, se ha constitucionalizado los principios que rigen todo el sistema tributario, siendo estos los principios de generalidad, progresividad, legalidad, no confiscatoriedad y la prohibición de obligaciones tributarias pagaderas con servicios personales. Se pretende de igual forma, por prescripción constitucional, que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva de los contribuyentes.

Con respecto al principio de generalidad, está  implícitamente establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental que establece toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Giuliani Fonrouge (1993)  señala que “el gravamen se debe establecer en tal forma, que cualquier persona cuya situación coincida con las señaladas como hecho generador del crédito fiscal, deben ser sujeto del impuesto” (p.341) Es decir, tomando en consideración lo indicado por el autor podemos concluir que la existencia de este principio coadyuva a que se cumpla el principio de igualdad, que la aplicación de los tributos, según sea el caso, es para todas las personas en igualdad de condiciones. Por otra parte entendemos que si bien es cierto que bajo este principio todas las personas que se encuentren en los supuestos establecidos en la Ley para el nacimiento de la obligación tributaria, y en consecuencia obligado al pago del tributo, el mismo debe ser de acuerdo a su capacidad contributiva.

Entretanto, el principio de legalidad, o reserva legal, se refiere al viejo adagio latín que señala nullum tributum sine lege, o lo que equivale a decir, no hay tributos sin ley. Este principio milenario es sacrosanto en el sistema tributario al establecer que sólo a través de las normas jurídicas se pueden crear, modificar o extinguir los tributos, lo que le da seguridad jurídica al contribuyente, a tales efectos el artículo 317 Constitucional preceptúa el principio de legalidad tributaria en los siguientes términos: “No podrá cobrarse impuesto, tasa ni contribución alguna que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes.” Este principio es el de mayor relevancia en un sistema tributario, toda vez que es una garantía constitucional del derecho de propiedad, de libertad y de los intereses sociales, al punto que sus intereses se extienden a la seguridad jurídica, y económica, e igualmente es una garantía de certeza para los contribuyentes o responsables porque descarta cualquier tipo de discrecionalidad por parte de la Administración Tributaria

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