Economía Popular Y Solidaria EC.

INTRODUCCIÓN

La última década se registra en América Latina una presencia creciente de prácticas y discursos asociados a algunos de estos nombres: economía solidaria, economía de la solidaridad, economía comunitaria, economía popular, economía popular y solidaria, economía social, economía social y solidaria, economía del trabajo, economía alternativa, economía plural, otra economía.

Por tal motivo este trabajo tiene como finalidad realizar una investigación acerca de la Economía Popular y Solidaria que es el nombre que se le ha dado en Ecuador y es una nueva forma de ver la economía, la cual brinda mayor importancia al trabajo y a las personas antes que al capital o lucro que se pueda obtener. Se creó gracias a los grupos comunitarios que han buscado por años encontrar mercado y así mejorar sus condiciones de vida cubriendo necesidades de autoempleo y subsistencia. Esta idea no podría desarrollarse a nivel nacional sin la colaboración del gobierno que ha implementado los recursos y estrategias necesarias para llevar esta idea a cumplirse creando leyes, reglamentos e instituciones que estén encargadas de velar por el desarrollo de este sector.

EXCLUSIÓN SOCIAL

Es la falta de participación de segmentos de la población en la vida social, económica, política y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas (acceso a la legalidad, al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social, a la seguridad ciudadana) que hacen posible una participación social plena.

La exclusión social es un concepto clave para abordar las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación de partes de su población.

Aunque se considera que este término supera al de pobreza, en el sentido de que no se define en términos puramente económicos sino de un tipo más amplio de participación en la sociedad; es decir del desarrollo integral de las personas.

Las causas de la exclusión social son multidimensionales y se enmarcan en un proceso de pérdida de integración o participación del individuo en la sociedad, en uno o varios de estos ámbitos:

• Económico (en la producción o en el consumo)

• Político-legal (participación política, sistema administrativo, protección social, etc.)

• Social-relacional (ausencia de redes o problemática dentro de las redes sociales o familiares)

INCLUSIÓN SOCIAL

Es un proceso que asegura que todas las personas tienen las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y política y para disfrutar de unas condiciones de vida normales. Es decir, es la posibilidad de participación igualitaria de todos sus miembros en todas las dimensiones sociales (económica, legal, política, cultural, etc.). Está relacionada con la integración, la cohesión, la justicia social.

Según la Unión Europea es un "proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven". Es decir, se refiere al concepto normativo que pone énfasis en el derecho de las personas de "tener una vida asociada siendo un miembro de una comunidad".

Con objeto de lograr estos derechos, las políticas de inclusión tienen que abordar las ineficiencias institucionales que se derivan de actos de exclusión por parte de agentes que se basan en el poder y en actitudes sociales y que resultan en desventajas basadas en género, edad, etnicidad, ubicación, situación o incapacidad económica, educativa, de salud, etc. Las políticas de inclusión social corrigen los resultados negativos de las políticas, sean éstos intencionales (discriminación sistemática) o no intencionales (fracaso en reconocer el impacto diferencial de las políticas sobre los individuos o grupos).

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

La Carta Magna establece dentro del Régimen del Buen Vivir, el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. Este sistema es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo; se guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Además enfatiza en que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.

LEY ORGÁNICA DE ECONOMÍA POPULAR SOLIDARIA Y DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

La LOEPSYSFPS establece que la economía popular y solidaria es la forma de organización económica, en la cual sus integrantes organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos.

Esta organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir.

Se rigen por la LOEPSYSFPS, todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento.

Con excepción de las formas asociativas gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades económicas de producción de bienes o prestación

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