El Seguro y la defensa del consumidor. Prescripción

El contrato de seguro y sus alcances

El Seguro y la defensa del consumidor. Prescripción.

Primeramente, resulta de importancia destacar el concepto sobre que debe entenderse por contrato de consumo, ya que puede determinarse el ámbito de aplicación o, de protección legal, de aquéllos que resultan alcanzados por la ley de Defensa del Consumidor (ley 24240 y sus modifics.).

En el aspecto señalado, compartimos la definición ensayada por Compiani, María M. Fabiana, Stiglitz, Rubén S. en consideración al concepto de consumidor y a la materia objeto del negocio: “Contrato de consumo es el celebrado a título oneroso entre un consumidor final –persona física o jurídica-, con una persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada y que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los mismos por parte del primero, para su uso privado, familiar o social”.^[1]

De ahí, que no pueda sostenerse que todo contrato de seguro sea de consumo, ya que tanto la ley 24240 como sus posteriores modificaciones, exige la “Finalidad de consumo” para configurar dicho acuerdo de voluntades, quedando excluidos de la calificación de sujeto de contrato de consumo: el consumidor industrial, fabricante, profesional, revendedor, quien contrata teniendo en cuenta específicamente la actividad que realiza, alejados del objeto tenido en cuenta por la citada ley.

Recordemos, que antes de la reforma introducida por la ley 26361, ciertos sectores de la doctrina y jurisprudencia, consideraban aplicable al contrato de seguro las previsiones de la Ley de Defensa del Consumidor, asimilando en alguna medida las figuras de asegurado y consumidor. Luego de dicha reforma, parece indudable que el seguro, en tanto sea contratado por un consumidor que tenga destinatario final de éste, y que, a su vez, tenga relación con bienes o cosas que no estén destinados a un proceso productivo, debe ser calificado, como contrato de consumo (arts. 1, 2 y 3 de la citada ley).

En tal inteligencia, no existiría obstáculo para que, en esas condiciones, la relación entablada entre asegurado y asegurador pueda calificarse como consumo. ^[2] 

Por su parte, en términos generales, la jurisprudencia también se pronunció a favor de la aplicación de la normativa del consumidor dentro de los contratos de seguros. ^[3]

Por otro lado, la Superintendencia de Seguros de la Nación, mediante resolución n° 35614 del 11/2/2001, señaló –entre las normas que regulan la actividad aseguradora- a la ley 24.240

Consecuentemente, se considera pertinente, la aplicación del microsistema de protección del consumidor en el ámbito de los contratos de seguro, cuando una persona jurídica que actúa profesionalmente (aseguradora) se obliga, a cambio del pago de una prima a prestar un servicio a un consumidor final, consistente en la asunción del riesgo previsto en la cobertura asegurativa: el resarcimiento del daño o el cumplimiento de la prestación convenida. ^[4]

Sin embargo, la conclusión arribada no autoriza sin más, la aplicación de la ley 24240 en la órbita de la ley 17418, sin una adecuada y previa interpretación normativa.

Al respecto señálase que en materia de prescripción la ley 17418 en su art. 58 dispone que “las acciones fundadas  en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año (…)”, en tanto que la ley 24240 de defensa del Consumidor, en su art. 50 prevé que “Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario (…).

En tal orden de ideas, ha de tenerse en cuenta la jerarquía constitucional del derecho del Consumidor. En efecto, la reforma constitucional de 1994 consagró los derechos de usuarios y consumidores en el máximo escalafón. Es decir, siguiendo a Lorenzetti, el principio protectorio de rango constitucional, es el origen y fundamento al derecho del Consumidor.^[5] Dicho jurista, señala que “con relación al art. 3 de la ley 24240 que “La primera regla que establece el texto se refiere a la aplicación de la ley, y señala que debe efectuársela de modo integrado con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo. No dice que se integra con otras leyes, sino con las vinculadas al consumidor, con la cual se reconoce la autonomía del microsistema”.

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