El crimen organizado.

INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años me involucré en el estudio del Crimen Organizado, sentí que era un tema de suma importancia política en el contexto mundial y que además abarca aspectos Criminológicos, de Política Criminal, de Derecho Penal y Procesal Penal de suma importancia.

Éste empeño no ha resultado fácil, en nuestro país, hay una escasa bibliografía del tema e incluso las publicaciones jurídicas en español lo han tratado insuficientemente. En nuestro idioma hay escritos sobre este tema pero, especialmente, sobre aspectos muy concretos de carácter normativo. No hay duda de que gran parte del material escrito en el ámbito del crimen organizado está muy lejos de ser académico por naturaleza, cayendo con demasiada frecuencia en un estilo periodístico y sensacionalista de escribir. A menudo estos escritos están abarrotados de valores cuyo resultado es la distorsión total de los hechos. Los científicos sociales de cualquier disciplina que se han adentrado en el tema han tendido a ser menos activos que otros actores que por obligación profesional, como las agencias de seguridad o los medios de comunicación de masas, han estado obligados a hacerlo.

En los últimos años los estudios sobre el crimen organizado, a menudo inducidos desde la esfera pública al objeto de mejorar los mecanismos para contrarrestar sus efectos, han proliferado. Sin embargo, la tendencia a recurrir a fuentes secundarias, en especial procedentes de los medios de comunicaciones de masas o de diversas instancias gubernamentales, no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado exponencialmente desde los niveles previos. De algún modo, buena parte de los trabajos han implicado dar un prurito académico a la visión ya elaborada desde las agencias de seguridad encargadas de la persecución del crimen organizado y de su valoración como riesgo o amenaza a la seguridad nacional.

No hay dudas acerca de la amplificación del problema del crimen organizado a escala mundial, es evidente que la evolución reciente del crimen organizado ha significado un cambio en sus estructuras orgánicas y una multiplicación efectiva de su poder para retar a las autoridades estatales. Varios son los factores que han influido en esta dinámica hasta alcanzar una fase novedosa del mismo fenómeno que, por su carácter predominantemente internacional, se ha denominado crimen organizado transnacional. Este modelo de crimen organizado presenta tres diferencias fundamentales con fases anteriores del fenómeno: una operatividad a escala mundial, unas conexiones transnacionales extensivas y, sobre todo, la capacidad de retar a la autoridad nacional e internacional.

Varios procesos han permitido el salto de unas organizaciones criminales confinadas a ámbitos restringidos hacia una actuación a escala mundial. La rapidez y posibilidades del transporte internacional y otros factores económicos y financieros han hecho aumentar los flujos de bienes lícitos así como de los ilícitos. Esta situación se agrava en la concepción de que en el negocio criminal más lucrativo, el tráfico de drogas, los países productores se encuentran muy alejados de los lugares de consumo, aunque la distancia tiende a reducirse e incluso desaparecer con el incremento de la utilización de drogas sintéticas. No es casual, en este sentido, que las actividades, e incluso los abusos, realizados por las grandes multinacionales suponen un precedente habitual para la introducción del crimen organizado. Importantes investigaciones en los Estados Unidos y Europa demuestran que no sólo se produce un acoplamiento con las actividades de las empresas legales, sino que importantes segmentos de la economía legítima han sido penetrados por el crimen organizado.

Por otra parte, el modo de actuación del crimen organizado y su persecución legal requieren de abundantes recursos, ya sean económicos, materiales o humanos. Por lo general éstos exceden la capacidad de las fuerzas policiales existentes para hacer frente al problema de un incremento generalizado del crimen y de una sofisticación del mismo. Las aportaciones para la seguridad, generalmente costosas, tienden a perjudicar los modos de actuación y la cuantía de las políticas de redistribución social, con lo cual se cuestiona de nuevo una de las fuentes de legitimidad del estado democrático moderno. No obstante, la principal consecuencia de un crecimiento rápido y sustancial de los presupuestos de las fuerzas de seguridad del Estado suele ser cierta desorganización que, contrariamente a sus objetivos, tienden a facilitar la penetración del crimen organizado y la vulneración, en muchos casos sistemática, de las libertades individuales.

El crimen organizado genera también problemas de gobernabilidad en la medida en que provoca inestabilidad e inseguridad general y fallas estructurales en la economía que afectan negativamente a los ciudadanos.

Las facetas en las que se hacen manifiestas estas ineficacias son múltiples:

1. la práctica generalizada de la coacción a ciertos segmentos poblaciones o territoriales por parte de grupos criminales, da lugar a una creciente industria de la protección que sustituye o solapa a la otorgada desde el Estado generando distorsiones. Tales costes aumentan el precio de los bienes y servicios sujetos a estos gravámenes extralegales, desafiando además el monopolio del Estado como único ente legitimado para imponer y mantener la seguridad ciudadana. Además pone en riesgo el desarrollo económico y, si esta coacción se ejerce sobre el sistema financiero,pone en riesgo los cauces para la inversión y los ahorros de los ciudadanos.

2. Las drogas ilícitas, una actividad importante de estos grupos de la que obtienen

Grandes beneficios, suponen una carga añadida para las arcas del Estado por el coste de los de los medios para reprimir a traficantes y consumidores y una pérdida de productividad para la economía en general.

3. la deslegitimación del régimen político y el crecimiento de la violencia vinculados al crimen organizado constituyen una fuente de costes adicionales para la actividad empresarial. El incremento de los precios de la resolución de los conflictos, ya sea legal o extralegal, y de la protección de los derechos adquiridos se constituyen en fuertes barreras para la entrada o la permanencia en el mercado de actores legítimos.

En estas circunstancias, las posibilidades para la inversión nacional o internacional disminuyen considerablemente y se generan las condiciones para salidas masivas de capitales productivos. El crimen organizado tiene la capacidad para quebrar la eficacia del Estado, lo cual de lograrse. Distorsiona toda la actividad económica, social y política del país.

5. Y la ilegalidad propia del crimen organizado a gran escala lleva como regla general a inversiones empresariales que muchas veces sólo tienen el propósito de blanqueo de capitales y no por las posibilidades de crecimiento y beneficios a largo plazo, dirigiéndose así hacia mercados que generan poco o nulo valor añadido y en muchos casos fuertemente dependientes de inversiones y recursos exteriores. En el caso de los bienes inmuebles, profusamente utilizado para el blanqueo de capitales, la incorporación de una demanda fuerte y generosa contribuye a la apreciación del precio de la vivienda, con los consiguientes costes para las familias y para el Estado como cumplidor último de los preceptos constitucionales en este sentido. Además, la participación de empresas fachada en el mercado, justificadas únicamente por su capacidad para el blanqueo y no por sus beneficios, y por tanto por la competitividad, permite a estos negocios vender sus productos o servicios por debajo del costo, lo que contribuye a expulsar del mercado a empresarios legales inhabilitados para competir en estas circunstancias de tan profundo desequilibrio.

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