Estudio Juridico

VOLUNTAD PRESTACIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y RELACIÓN CON EL ADMINISTRADO

VOLUNTAD PRESTACIONAL DE ADMINISTRACION Y RELACION CON EL ADMINISTRADO REPÚBLICA BOLIVARINA DE VENEZUELA. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. MISIÓN SUCRE LAGUNILLAS. ALDEA E.B.N. “Gral. ISAIAS MEDINA ANGARITA”. Profesor: Dra. Elisbeth Hernández. Unidad Curricular: Estado, Ética y Servicio. 6º Semestre de Jurídico. TALLER EL DERECHO ADMINISTRATIVO ELABORADO POR: Apellidos Nombres C.I. Rojas Ulloa Elvis José Lugo Pacheco Marcos Ambrosio Segobia Bencomo Keith Jonard Vilchez Perozo Romill José Ciudad Ojeda, 9 de Octubre de 2.011. INDICE Pag 1.- Responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de servicios públicos. 3 2.- Principios constitucionales. 10 3.- Responsabilidad Contractual. 30 4.- Responsabilidad Extracontractual. 32 5.- Desarrollo Endógeno. 35 6.- Desarrollo Endógeno como proceso generador Interno. 36 7.- Concejos Comunales. 38 8.- Argumentación con la Ley los artículos principales que fundamentan un Concejo Comunal. 39 9.- Definir: 43 1.- La Autogestión. 43 2.- La Cogestión. 43 3.- El Cooperativismo. 44 10.- Participación Protagónica y argumentada por la CRBV. 46 11.- La participación en la gestión económica y en el protagonismo social. 48 12.- La dimensión ética en el desarrollo endógeno. 58 1. Responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de servicios públicos. El régimen jurídico de derecho público de la responsabilidad del Estado se refiere a las situaciones en las que sus órganos y funcionarios actúan en el campo del derecho público. Esta responsabilidad puede generarse tanto por la actividad lícita como por la actividad ilícita o contraria a derecho y puede ser de naturaleza contractual o extracontractual. En este sentido, se trata de un sistema general que abarca todos los daños ocasionados por el Estado, a través de todos sus órganos en ejercicio de la función pública, ejecutada a través de actos, hechos o contratos. Así desde el punto de vista subjetivo, comprende: a. Todos los entes de la Administración territoriales (Nacionales, Estadales o Municipales) o no territoriales (entes de derecho público o privado), siempre que se hallen en ejercicio de la función administrativa. b. La actividad de los órganos legislativos, judiciales y demás órganos autónomos que se inserten dentro de la organización del Estado. Ahora bien, por lo que se refiere al aspecto objetivo, la responsabilidad abarca tanto el actuar; a. Ilícito (responsabilidad por falta o funcionamiento anormal) del Estado, en su actividad formal (actos administrativos, sentencias, normas); en su actividad material (actuaciones, hechos); inactividad (omisiones o abstenciones); y actividad contractual (el tema de los contratos administrativos), como por sus actuaciones b. Lícitas (responsabilidad por sacrificio particular) tales como las limitaciones generales al derecho de propiedad (expropiación, servidumbre, ocupaciones temporales, requisición de bienes en tiempo de guerra, limitaciones por razones urbanísticas) y la revocatoria por razones de mérito de actos y contratos administrativos. De allí que, por lo general, el estudio de la responsabilidad patrimonial del Estado comprenda dos regímenes: a. La responsabilidad por falta o funcionamiento anormal del servicio que encuentra justificación en el derecho que tienen todos los particulares de obtener un funcionamiento normal y adecuado de los servicios públicos; cuando la Administración no cumple con esta obligación y actúa ilícitamente, debe indemnizar al particular. El funcionamiento anormal que hace responsable a la Administración está representado por el incumplimiento de una obligación preexistente. Por tanto, si la Administración comete una falta es porque no se ha sujetado a las obligaciones que le imponen las leyes en la prestación de su actividad y, por tanto, debe indemnizar los daños causados. Ahora bien debe tenerse en cuenta que la expresión "funcionamiento normal o anormal del servicio público" se entiende en su sentido más amplio como toda manifestación de la actividad administrativa, sea ésta prestacional, de policía, sancionadora o arbitral, en todas sus expresiones, es decir, actividad material (hechos u omisiones) o formal (actos). Son supuestos de responsabilidad por falta o funcionamiento anormal del servicio, entre otros, los siguientes: 1.- La revocatoria ilegal de actos administrativos. 2.- Vías de hecho de todo tipo. Por ejemplo la vía de hecho en materia expropiatoria y de constitución de servidumbres administrativas. 3.- Daños accidentales causados por obras públicas e inmuebles cuya administración y mantenimiento está bajo la custodia del Estado. 4.- Daños accidentales causados por obras públicas ejecutadas por el Estado que representan una situación de riesgo objetivo. b. La responsabilidad del Estado por sacrificio particular que se verifica cuando el Estado, en ejercicio de su actividad lícita, causa un daño que por virtud de su gravedad y especialidad comporta una ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, desde que impone un sacrificio para el particular que excede de aquél que el común de los administrados debe normalmente soportar. Son supuestos de este tipo de responsabilidad: 1.- Las limitaciones generales al derecho de propiedad derivadas de la expropiación por causa de utilidad pública o social, las servidumbres administrativas, las ocupaciones temporales y la requisición de bienes en tiempo de guerra y las limitaciones por razones urbanísticas. 2.- La revocatoria de actos administrativos por razones de mérito, oportunidad o conveniencia. 3.- El rescate o revocación de contratos administrativos por razones de interés público. Ahora bien, a diferencia del derecho civil, el fundamento de ambos tipos de responsabilidad no radica en la noción de culpa ni se explica mediante la noción de responsabilidad objetiva; éste responde al principio de garantía de la integridad del patrimonio del particular frente a la acción del Estado. Se traslada así al daño el elemento central de determinación de la responsabilidad. Por consiguiente, para la determinación de la responsabilidad de la Administración no resulta relevante que el autor de la lesión haya actuado en forma lícita o ilícita, basta que se produzca una lesión atribuible a la actividad administrativa para que nazca en el particular el derecho a ser indemnizado, dado que éste no tiene el deber jurídico de soportarla sin compensación. El fundamento general de la responsabilidad administrativa descansa entonces sobre el derecho del particular a la integridad de su patrimonio, esto es, el derecho a no soportar el daño sufrido sin indemnización, sin que sea necesario verificar, a los fines de la procedencia de la responsabilidad, la conducta dolosa o culposa del agente del daño. No obstante,

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