FUNCIONARIO PUBLICO

EL ABOGADO COMO FUNCIONARIO PÚBLICO

El desarrollo de la profesión del Derecho, ha sido cuestionado producto de la ineficacia de un sin número de procedimientos establecidos por los máximos órganos rectores pero que no han generado los resultados esperados, aunque sí un número indeterminado de quejas y reclamaciones por quienes en su momento, se afectan por la actuación de los profesionales en el desarrollo de sus funciones. Por esto mismo, es usual encontrar un sinnúmero de investigaciones ante los diferentes organismos especializados en materia jurídica y que dan cuenta de cifras alarmantes de profesionales en las diferentes disciplinas, que hacen caso omiso a las disposiciones y procedimientos definidos por el estado, con representación de cada profesión, donde precisamente se delinean los sistemas y políticas de manejo y actuación de cada disciplina, so pena de incurrir en sanciones penales, disciplinarias, administrativas, incluso económicas que afectan su buena imagen y honra.

Ese mismo interés, es el que lleva a profundizar aun más en el contexto disciplinario establecido para direccionar el entorno de la abogacía en Colombia, y mediante el cual se brinda solución a todos y cada uno de los conflictos generados durante el ejercicio de la profesión, afectando el patrimonio del estado, así como la credibilidad y buena fe alcanzada desde hace mucho tiempo. Así, se busca definir en conjunto, si existe responsabilidad disciplinaria para un abogado, que a su vez es servidor público y emite un concepto jurídico equivocado en ejercicio de sus funciones, y de ser así, quién es la persona u organismo competente para adelantar la investigación.

La profesión del abogado como cualquier otra, debe estar caracterizada especialmente por los procesos de transparencia que maneje, al igual que de moralidad y rectitud frente a las decisiones que habrá de tomar para cumplir con los esquemas judiciales de acuerdo a las solicitudes de los clientes. En este sentido, es fundamental que el abogado busque mecanismos de actualización de su conocimiento como parte del esquema competitivo y de de solución efectiva de procesos de acuerdo a las modificaciones tecnológicas y procesales dispuestas por el estado. El Estado a través de su propios organismos de control y de verificación de las actuaciones de los funcionarios judiciales, ha sido claro en establecer la necesidad de exigir a este grupo de profesionales, la necesidad de ser lo más claros, razonables y transparentes posible respecto al información proporcionada a las personas que solicita sus servicios dentro de un marco de rectitud y honestidad. Ello involucra un despliegue conciso de procedimientos que habrá de surtirse en el proceso que se quiere iniciar, hecho que lleva a fortalecer la imagen institucional, judicial y profesional de la abogacía.

El abogado debe ser consiente además, que su responsabilidad radica no solo en cumplir

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