Juicio En Linea

CAPÍTULO 1 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

1.1. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación?

El Poder Judicial de la Federación es el guardián indiscutible de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el árbitro que dirime las controversias tanto entre particulares como entre poderes, generando entre ellos un equilibrio que es necesario para el sano desarrollo de la vida nacional.

Su papel primordial lo constituye el ser interprete final de los principios y valores contenidos en la carta federal y, en este sentido, controlar la regularidad constitucional de los actos y disposiciones de las autoridades.

"El Poder Judicial cumple un papel de control no solamente respecto del Poder Legislativo, sino también del Ejecutivo, y en muchas ocasiones por el tipo de funciones que realiza se convierte en un factor del control de la estructura federal de un Estado, principalmente en virtud de la distribución de competencias entre los estados y la federación."

Esto, como ya hemos visto, lo convierte en un poder distinto al que imparte la justicia ordinaria (es decir, la que resuelve controversias entre particulares o con base en leyes ordinarias), pues es la Constitución misma quien le otorga la función de impartir, de manera exclusiva, lo que podríamos llamar "justicia político constitucional."

Por ello son tan importantes para cualquier aparato judicial su imparcialidad, su grado de independencia y la racionalización del conflicto por medio de la individualización de los casos y de su tratamiento dentro de un procedimiento regido por leyes previamente establecidas, a fin de despolitizar cualquier conflicto.

En los estados modernos, que aspiran al nuevo ideal de estado social y democrático de derecho, la naturaleza política de los tribunales se ve acentuada, pues las funciones de los otros dos poderes requieren un contrapeso y un control que solo el Poder Judicial puede proporcionar.

1.2 Contexto histórico.

Durante muchos años, el México independiente que en un principio pretendía ser una fiel reproducción en sus instituciones de la democracia norteamericana y que posteriormente asumió otros modelos, vivió periodos de mucha inestabilidad.

Luego de la revolución y con la expedición, en 1917, de nuestra carta federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una participación muy menguada, debido principalmente al régimen presidencialista que fue instaurándose durante la etapa post revolucionaria.

A partir de 1917 la Corte “se mantuvo en una voluntaria abstinencia política que contribuyó de manera sustancial a la debilidad institucional de los Tribunales de la federación y propició la consolidación de un régimen caracterizado por el abrumador dominio presidencial”.

Así surge el establecimiento del amparo judicial, que no era otra cosa sino la posibilidad para la Suprema Corte de revisar todos los juicios en los que se considerara que la ley había sido inexactamente aplicada por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía.

Si bien esto suponía, en un principio, un aumento en el poder de la Suprema Corte, finalmente terminó inhibiendo sus funciones de control constitucional e incrementando considerablemente la carga de trabajo. Carga de trabajo que motivó, durante casi todo el siglo, las principales reformas a la estructura, competencia y organización del Poder Judicial, a efecto de abatirla.

A lo largo de ese tiempo, el Poder Judicial de la Federación sufrió innumerables cambios en su estructura y competencia, que tuvieron como constante el problema del rezago. Se crearon más salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se incrementó el número de ministros, se establecieron los primeros órganos judiciales especiales (Tribunales Colegiados de Circuito) y, en síntesis, se intentó de muchas maneras alcanzar el equilibrio en materia de rezago, buscando a la vez fortalecer las funciones de control de la constitucionalidad que en un esquema ideal se suponía fueran las principales de la Suprema Corte.

El amparo durante casi ciento cincuenta años se mantuvo como la figura más eficaz de control constitucional, como el principal instrumento jurídico tendente a salvaguardar y mantener el respeto a los derechos fundamentales de las personas y como el medio de defensa de mayor arraigo en nuestro sistema jurídico. Fix Fierro incluso lo ha calificado como la única garantía constitucional efectiva.

Hasta los años ochentas, el número de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación creció de manera modesta en relación con la población.

Pero, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Desarrollo Asociación Civil, publicado en 1994, en comparación con 1940, en 1990 se incrementó la carga de trabajo en un 349%.

El Poder Judicial de la Federación, a lo largo de este siglo, ha sido objeto de múltiples cambios en su estructura, organización y funcionamiento. Si bien algunas de las reformas introducidas no han sido de lo mas afortunadas por ser el resultado de las circunstancias políticas imperantes en el país, la idea de una mayor independencia entre los distintos poderes del Estado, de una mayor eficacia en la impartición de justicia, así como el fortalecimiento del estado de derecho, son hoy el punto de partida de todas las modificaciones que sufre en su conjunto el sistema judicial mexicano.

En la década pasada, el Poder Judicial de la Federación ha experimentado la más importante reforma desde que el Congreso Constituyente de 1917 estableció los fundamentos y bases de dicha institución. Las reformas constitucionales del 31 de diciembre de 1994, 22 de agosto de 1996 y 11 de junio de 1999, constituyen un parteaguas en la vida de este organismo, pues la nota distintiva de estas reformas es lograr la independencia plena y la profesionalización paulatina de dicho poder.

1.3 Consejo de la Judicatura Federal.

Una de las innovaciones más importantes de la reforma del 31 de diciembre de 1994, fue la creación de un órgano que, aunque materialmente no ejerciera funciones jurisdiccionales, formara parte de la estructura del Poder Judicial Federal y cuyo objetivo primordial consistiría en la administración, vigilancia y disciplina de dicho Poder, con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Consejo de la Judicatura Federal ha probado ser hasta el momento el órgano idóneo para facilitar la función jurisdiccional del Supremo Tribunal del País, que hasta antes de la reforma constitucional veía distraída su principal función en cuestiones meramente

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