La Acciòn

La acción en Procesal Penal

Introducción

Pretendemos abordar en este estudio el derecho de acción, representa uno de los cimientos fundamentales de la tutela judicial efectiva, y es considerado por la doctrina como un metaderecho(se otorga un jerarquía superior porque al avalar el ejercicio del derecho se asegura la protección de otros derechos legales), sin embargo, en la práctica jurídica y en la legislación venezolana, en ocasiones llega a confundirse con otras instituciones como la pretensión y la demanda las cuales si bien es cierto, se encuentran íntimamente relacionadas, sus funciones dentro del derecho son distintas.

En la actualidad la acción tiene su fundamento en la iniciativa (que es de carácter personal) y en el poder de reclamar (que es de carácter abstracto).

En términos generales: iniciativa + el poder de reclamar = acción.

Por lo tanto decimos que la acción procesal es un poder abstracto que da paso a un derecho completo para reclamar ante un tribunal. También abordaremos tópicos referentes a las teorías que sustentan la acción, así como sus elementos y la acción como forma típica del Derecho Constitucional de petición.

Todos los habitantes de una sociedad organizada tienen esa potestad de acudir ante el órgano jurisdiccional para que se concrete la seguridad jurídica frente a un derecho. La acción en un elemento relevante dentro de la teoría del derecho procesal. La acción es poder de reclamar la intervención de la justicia frente a la vulneración de un derecho en particular.

Desde el inicio del estudio del Derecho Procesal Civil Venezolano, se dice que la Acción es un derecho al que tienen acceso todas las personas, es de rango constitucional. Consagrándose este derecho en cada uno de los artículos Constitucionales referentes a ello e incluso en innumerables jurisprudencias, en las cuales el interés del individuo está por encima de todo, y es deber del Estado velar por los derechos e intereses de los mismos.

La acción es, más que un derecho, un mecanismo de defensa que tiene una persona en un momento determinado para hacer valer un derecho que ha sido quebrantado. Textualmente el Articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa lo siguiente:

“Toda persona tienen derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

Disposición que hoy en día no se respeta mucho sobre todo en su único aparte, a pesar de decirse

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