La Seguridad Privada En Colombia

LA SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA

POR: ANÓNIMO

s menester entender por qué es importante conocer algunos aspectos de la seguridad privada en Colombia, sobretodo que se hace obligatorio en un país del tercer mundo como el nuestro, donde la economía depende de los países del segundo y primer mundo más aún cuando los pocos recursos que existen, están en manos de pocos y no pueden ser protegidos solamente por el estado, sino por aquellos amigos que coloquialmente se les llama los de la quinta fuerza.

En el entendido que la seguridad es una sensación intangible que tienen las personas de realizar tranquilamente sus actividades, bien sean privadas o públicas, como por ejemplo el desplazarse tranquilamente en un parque durante una mañana dominical de Agosto o para transportar una alta suma de dinero desde un lugar a otro, para el pago de una nómina de profesores en un alejado Municipio Colombiano, y que para garantizar estas actividades es necesario contar con los medios tangibles (protección) para mantener en buen nivel, dicha seguridad. Es conveniente devolverse en el tiempo para saber cuál fue el origen de la seguridad privada en Colombia. La legislación que regula la seguridad privada en el país es relativamente nueva, pues antes esta era modestamente controlada en su aspecto operativo por pequeñas oficinas adscritas a las unidades de policía judicial de la Policía Nacional (DIJIN-SIJIN) pese a prestar servicios dirigidos al trasporte de valores, seguridad de infraestructura pública y privada. Sin embargo ya con nueva constitución abordo se pensó durante los gobiernos de GAVIRIA y SAMPER darle un marco jurídico, reorientar la legalidad y el control de esta función privada, pero que es obviamente de interés público (decreto 356/94) que dio vida a la superintendencia de vigilancia y seguridad privada; así como otras normas de apoyo que regularon la fabricación, el porte, tenencia o fabricación de armas de fuego (Dec/2535/1993); al igual que fijar responsabilidades claras sobre quienes llevarían los controles administrativos y de campo. Lamentablemente esta ley y su reglamentación permitió en un momento de nuestra historia fortalecer grupos de defensa privada en verdaderas organizaciones de terror y defensa de intereses privados (URABÁ y el caso chiquita brands con las CONVIVIR) que inicialmente fueron una respuesta oficial para defender a campesinos y HACENDADOS de las amenazas de grupos guerrilleros en colaboración con la fuerza pública de entonces pero que al final terminaron defendiendo los intereses privados internacionales, los cuales fueron impuestos por políticas Estadounidenses durante los inicios del periodo de la posguerra y la guerra fría, y que finalmente eran los de garantizar la explotación de recursos en América latina para oxigenar la decadente economía del Tio Sam lo que les facilitó desviar la atención de todo un hemisferio occidental hacía una supuesta amenaza Rusa. Otro gran tropiezo es que muchas de estas organizaciones en Medellín fueron el caballito de batalla de organizaciones criminales que permearon persona destacadas de esas ciudad, como fue el caso del empresario Felipe Sierra dueño de la empresa control total que empezó en 1993 con 5 guardas y un gerente y que años más tarde (2004-2007) logró contratos con el estado por más de 1´200.000 millones de pesos y alcanzó 1200 empleados. Pese a estos tropiezos históricos y teniendo en cuenta la necesidad del sector público y privado de proteger personas, bienes y recursos ante la imposibilidad legal, humana y material por parte del estado de garantizar el derecho a la seguridad, se pueden relacionar algunos aspectos positivos, que obviamente reflejan una

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