La función ejecutiva

La función ejecutiva es aquella actividad estatal que es desarrollada en forma continua y permanente. Le corresponde, por una parte, la determinación, dirección y coordinación de la política general del Estado, y por otra parte, el desarrollo de disposiciones jurídicas superiores, ya sea en forma general y/o particularizada, a efectos de gestionar los asuntos públicos.

La función legislativa es aquella actividad estatal que, manifestada en conformidad a la Constitución, las leyes y los reglamentos de las cámaras, tiene por objeto la producción y sanción de actos jurídicos de naturaleza legislativa.

La función judicial ‑ o jurisdiccional ‑ es aquella actividad estatal encargada de la actuación y mantenimiento del ordenamiento jurídico, mediante la determinación y posterior aplicación del derecho al caso concreto, para la solución de conflictos surgidos entre los miembros de la comunidad, como asimismo, para la prevención y represión de las conductas antisociales que quebrantan dicho ordenamiento.

La función contralora es la actividad de control que tiene lugar entre los detentadores del poder, a través de las interrelaciones que surgen entre los órganos estatales, como consecuencia de la desconcentración del poder, la que tiene por objeto procurar el equilibrio entre los detentadores del mismo y el respeto a las bases fundamentales del Estado de Derecho.

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