Las Palabras

En la XXII Convención Internacional de Seguros de Fasecolda, que tuvo lugar en Cartagena, el señor ministro de Hacienda informó que “la reforma tributaria va muy bien, se eliminó el freno de la mano de obra sobre la creación de nuevos puestos de trabajo… y que… sin argumentos están los críticos de la reforma, porque el efecto sobre la generación de empleo ha sido espectacular”.

En realidad, hay mucho para argumentar, tanto a nivel de teoría económica como de impacto empírico, acerca de los efectos de la reforma tributaria sobre el empleo nacional.

En primer lugar, hay que resaltar que una simple comparación entre generación de empleo antes de la reforma y después de la misma no es ninguna prueba de causalidad. Desde la aprobación de la mencionada reforma han ocurrido otros importantes eventos económicos que han tenido trascendentales efectos sobre el número de nuevas contrataciones. Por ejemplo, el peso colombiano se ha devaluado en más de un 7 por ciento y se puso en marcha el ambicioso Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), que involucra recursos para 5 billones de pesos. ¿Cómo puede asegurarse que los nuevos empleos que menciona el ministro sean todos atribuibles a la reforma tributaria y no al PIPE o a la devaluación de la moneda nacional?

Ahora bien, ¿por qué la reforma tributaria debería estimular la creación de empleo? Porque supuestamente los costos laborales han disminuido. De hecho, desde junio pasado las empresas ya no pagan aportes mensuales al Sena y al ICBF, correspondientes a 5 puntos porcentuales de su nómina. A este respecto es importante hacer una precisión. Estos 5 puntos porcentuales de parafiscalidad se liquidan sobre el salario básico, de manera tal que representan un porcentaje inferior —más precisamente, igual a 2,9 por ciento— de los costos laborales totales, salariales y extrasalariales (es decir, incluidas primas, cesantías, contribuciones sociales, etc.).

Además, ahora las empresas deben liquidar la retención correspondiente al impuesto para la equidad (CREE), el cual sustituye la parafiscalidad como fuente de financiación del Sena y el ICBF. Es evidente, entonces, que el ahorro total es aún inferior al 2,9 por ciento. Y las cuentas no terminan aquí. Durante el primer semestre de 2013 el salario mínimo ha acumulado un incremento real de 2,1 por ciento. De la misma forma, las remuneraciones reales del personal de producción de la industria han crecido 2,1 por ciento y 1,2 por ciento en el caso del personal administrativo. De manera tal que el costo total de la mano de obra en Colombia no ha disminuido desde (y a pesar de) la aprobación de la reforma tributaria en diciembre de 2012 y por lo tanto no hay razones para pensar que las empresas tengan estímulos para contratar personal adicional.

Es más, si se amplía el horizonte temporal y se procede a una comparación de la generación de empleo entre 2012 y 2013,

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