Luces Y Sombras Del Código Único

Luces y sombras del Código Único

Muy buenos días tengan todos ustedes. Para comenzar, quisiera agradecer al National Democratic Institute for International Affairs (NDI), a Juarenses por la Paz, y a todas organizaciones convocantes a este Simposio, titulado: “Reflexiones sobre la creación de Códigos Únicos Penales”, por permitirme participar en este importante evento. No estamos frente a un tema menor. Uno de los grandes pendientes que tiene el Congreso de la Unión, es la aprobación de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, que implemente la Reforma Constitucional de junio del 2008.

Independientemente de la conveniencia de que se uniformen todos los Códigos Procesales Penales (CFPP), esta tarea no debe retrasar el cumplimiento del deber constitucional de legislar en materia federal sobre el tema.

La falta de la actuación del Congreso, ante los cambios que a nivel estatal actualmente se llevan a cabo en la implementación de la Reforma del 2008, está creando un caos jurídico al encontrarse vigente dos sistemas procesales penales para delitos iguales, como son el caso, en las Entidades con Reforma Penal aprobada, ya más de veinte, respecto de todos los crímenes de competencia local que se llegan a calificar como delincuencia organizada y por tanto de competencia federal.

Antes de continuar con este tema, me gustaría iniciar explicando el CÓMO, el QUÉ, el DÓNDE y los QUIÉNES de esta Reforma en el Sistema de Justicia Penal Mexicano, así como los paradigmas que la Reforma ha venido a cambiar en la manera de entender el Derecho Penal en México. Es importante tener en claro dónde surgió, en qué consiste, en qué punto se encuentra hoy día y quién deberá ser responsable de sus próximos pasos.

Desde mi perspectiva, la coexistencia de tres elementos constituye la fundación, la base, sobre la que la Reforma debe cobrar vida: la Democracia, la Insatisfacción Pública y la Responsabilidad Civil.

El Sistema de Partido Político Hegemónico del pasado necesitó reglas jurídicas, legales, para que pudiese establecer un control político; por lo tanto, la Ley concedió numerosos poderes discrecionales a diversas autoridades para que pudiesen, de ser necesario, criminalizar prácticamente cualquier acto o conducta de cualquier persona.

Sin embargo, debido a que el “Partido Monolítico” comenzó a perder sus fuerzas, la ciudadanía comenzó a tomar un papel cada vez más activo en el escenario de lo público, ¿o habrá sido al revés? En particular, un grupo de organizaciones civiles se tomó a la tarea de transformar la manera en que la Justicia Penal era administrada, debido a los resultados desastrosos que se reflejaban en la realidad diaria del país y la población.

Aún después de que la democracia penetró la política, el poder prácticamente absoluto de los Procuradores para decidir el destino de los procesados criminales, era un claro símbolo de que el Sistema de Justicia necesitaba ser reformado.

Casi paralelamente, mientras que la violencia por parte del crimen organizado se apoderó de diversas partes del país, la debilidad y corrupción del Sistema de Seguridad Pública y la Policía quedaron expuestas. Debido a que las evidencias materiales no eran un elemento necesario para condenar a los acusados, la Policía no ha sido considerada una prioridad política, desafortunadamente.

Organizaciones de la Sociedad Civil han documentado la situación actual y se han generado datos duros: sólo el 15% de las Víctimas interpone denuncias ante la Policía por miedo a sufrir una doble o triple victimización; por lo tanto, 85% de los crímenes no son detectados por las autoridades de justicia; en 92% de los casos, la Confesión del Acusado es la única evidencia para sustentar la condena; más de la mitad de los reclusos actuales no han sido procesados y se encuentran tras las rejas en calidad “preventiva”, sin plazos o límites de tiempo para salir. De hecho, menos del 2% de los criminales son eventualmente condenados.

Para generar un sistema criminal acorde con el nuevo ambiente democrático y, al mismo tiempo, lograr responder a las expectativas públicas, un movimiento social se ha creado con el fin de reformar el Sistema de Justicia y promover el Sistema Acusatorio, Adversarial y Oral. Así, es necesario reformular los paradigmas que han guiado, hasta los últimos años, a la comprensión y el ejercicio del Derecho Penal.

La transparencia, la eficiencia, la garantía de derechos iguales para las Víctimas y los Acusados, procesos distintos para crímenes menores, Audiencias Públicas para casos controversiales y Prisión Preventiva limitada sólo a casos de crímenes mayores son las más importantes diferenciaciones propuestas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En concreto, la Reforma Penal con base en los Juicios Orales requiere acabar con los juicios penales que se tramitan en expedientes, en los cuales se van integrando por escrito las actuaciones del proceso, consignadas sin un hilo conductor que las una y le proporcione inmediación al Juez.

El concepto crucial que se debe subrayar es el de transformar a la Policía como institución, debido a que el Nuevo Sistema requiere un cuerpo de seguridad profesional capacitado para obtener evidencia con el fin de sustentar las condenas.

No es una exageración el decir que en México, en los últimos años, México ha montado una Fuerza Policíaca Civil, a nivel federal, que está comenzando a dar resultados positivos; no obstante, los Estados y Municipios continúan careciendo de los estándares internacionales, aunque bien es cierto que se ha visto en ellos cierta mejoría. Para que las Policías realicen un trabajo profesional, el Nuevo Sistema implica que hay que tratarlos y remunerarlos de manera distinta a como le hemos venido haciendo hasta ahora, instaurando en los tres niveles de Policías, federal, estatal y municipal, servicio policial de carrera, con capacitación, grados, especialidades, equipo, certificaciones, evaluación y seguimiento.

Respecto a los Ministerios Públicos, requerimos limitarles sus derechos actuales de contar con facultades para decidir la suerte del juicio; que los Ministerios Públicos no tengan derechos por encima de víctimas y acusados, ni facultades para escoger que pruebas se integran al juicio, pero sobretodo hay que eliminar que sus actuaciones no puedan ser controvertidas por los jueces. Sólo de esta manera podrá garantizarse la justicia en las audiencias.

Por eficiencia, se debe de acabar con el sistema en el que se procesen de igual manera todos los delitos; hay que establecer procedimientos distintos para los delitos menores o donde no exista controversia sobre culpabilidad

...