MINERIA ILEGAL

LA MINERIA ILEGAL

La minería tradicional y la no legalizada en Colombia, presente en el 44% de los municipios del país, y que representa el 30% del total de las explotaciones mineras, ha sido desarrollada desde la época colonial por mineros que han transmitido sus conocimientos a sus descendientes y que han encontrado en esta actividad su única forma de subsistencia; en particular, en zonas con poca presencia de la institucionalidad del Estado. No obstante, de un tiempo para acá la mecanización esta actividad, su clandestinidad, el escaso control de las autoridades, la situación de orden público y el uso desaforado de insumos químicos como el cianuro y el mercurio (en el caso de la minería de oro) han traído nefastas consecuencias para los ecosistemas, con una agravio especial para los recursos hídricos, que ha convertido a la minería de hecho en el problema más sensible desde el punto de vista del impacto ambiental que tiene hoy en día el país. También se muestra como Los mayores efectos sobre los recursos hídricos se deben principalmente a dos factores, por una parte y, en gran medida, las explotaciones carboníferas del país se realizan en zonas de páramo que inciden en las principales fuentes de abastecimiento de agua dulce y de otro lado, la fiebre del oro en varias regiones con lleva la utilización de toneladas de productos químicos que terminan en los ríos aledaños y en las aguas freáticas (aguas que encontramos cuando el suelo esta saturado), lo cual genera problemas de salubridad pública irreversibles, con consecuencias a corto y largo plazo.

Se estima que, actualmente, al menos 15.000 familias viven de la minería de hecho o no legalizada en el país, distribuidas en unas 3.600 minas que no cuentan con un título debidamente registrado ante las autoridades mineras; para combatir la minería ilegal los agentes gubernamentales proponen ofrecer trabajos en las minas abaladas por la ley para no dejar sin protección y sin sustento a las miles de familias beneficiadas con dicha labor, sin someter a estas personas a cuestiones legales teniendo en cuenta el tipo de intención con la que laboran dentro del establecimiento. Sobre el particular, el Gobierno ha ofrecido en los últimos quince años tres oportunidades de legalización de las actividades mineras de hecho, que han resultado en un gran fracaso, debido a las cuantiosas inversiones y las pocas unidades de explotación minera legalizadas, ya que hasta el año 2007, de 3.631 solicitudes de legalización, solo se perfeccionaron 23 contratos de concesión; los intentos fallidos que intentan implementar para acabar de raíz con la explotación ilegal realizados por el gobierno no han sido realmente contundentes, se necesita fortaleza, decisión y mucho carácter para que sean notorios los resultados que benefician tanto la situación política del país como la social ambiental y económica. Cabe resaltar que además de los fallidos intentos de los programas estatales, los mineros tradicionales de hecho han visto truncada su aspiración de legalizar sus actividades, debido a la difícil situación de orden público de las zonas mineras, que incluso ha generado hasta al desplazamiento forzado de los mineros locales, como en el caso del sur de Bolívar y del departamento del Cauca.

Otra de las razones y para nosotros la mas importante por la cual se debe combatir y erradicar la minería ilegal es impacto ambiental que tiene esta sobre los suelos y ecosistemas del territorio colombiano, un ejemplo claro seria como distintos grupos de personas ajenas a un territorio ha venido en forma agresiva, de manera desconsiderada y sin control de las autoridades competentes, desarrollando actividades mineras de manera indiscriminada e irracional, lo cual ha implicado que se altere y degrade masivamente gran parte de estos territorios, que guardan una amplia biodiversidad. Manuel Rodríguez Becerra (primer Ministro de Ambiente en Colombia) considera “El país requiere asumir estos costos en aras de su desarrollo económico y social, pero simultáneamente la sociedad colombiana tiene que ser reparada y para ello las regalías deberían dirigirse prioritariamente a la conservación ambiental”; de esta manera este sujeto procura una solución partiendo del aprovechamiento

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