Macroentornos Sector Alimentos

 Entorno Económico Sector Alimentos:

El debilitamiento registrado en la economía en el primer semestre del año 2013, produjo un efecto negativo en donde se presentó una reducción de la demanda interna en el mismo periodo. A esta situación interna, se agregaron otros hechos internos desfavorables para el crecimiento económico, como fueron el paro de Catatumbo y el paro nacional agrario. Adicional a estas situaciones, el mercado doméstico se afectó por el crecimiento del contrabando y aumento de las importaciones de alimentos, muchas de ellas sin cumplir la normatividad colombiana, lo que ha significado competencia desleal. Sin embargo, el cierre del año 2013 se presentaron síntomas muy positivos en la recuperación de la economía Americana, reflejados en el crecimiento económico y llevando a la normalización de la política monetaria por parte de la FED. Estas noticias impulsaron las expectativas de una recuperación de la economía global en el 2014.

En Colombia el año cerró con un crecimiento muy pobre de la industria, con decrecimientos en la producción total de 1,9% y de las ventas totales del 1,7%, según reporte del DANE. Por sectores, el de alimentos presentó mejores resultados con crecimiento de la producción del 2,5% y las ventas 3,7%.

En cuanto a la situación cambiaria del país, en el 2013 ocurrió un cambio importante al pasar de un escenario revaluacionista de los últimos años, a una devaluación promedio anual de 4,5% respecto al 2012. La inflación acumulada del 2013 fue 1,9% inferior en 34 puntos básicos al rango meta del banco de la república. Se destacan cifras de desempleo del país con una tendencia positiva cerrando el año con 8% el más bajo de los últimos años.

 Entorno Político – Legal Sector Alimentos

Colombia, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos bajo el modelo de sustitución de importaciones, no instituyó un marco normativo que favoreciera el movimiento de los flujos de inversión extranjera hacia el país. Algunos gobiernos consideraron que la inversión extranjera generaba pérdida de soberanía del país y competencia desigual para las empresas nacionales. Enmarcados dentro del modelo de sustitución de importaciones, se implantó una política altamente restrictiva frente a la inversión extranjera desde finales de la década de los sesenta, extendiéndose en términos generales hasta el decreto 1265 de 1988.

Durante el período de apertura el país dio un paso decisivo en la flexibilización de la normatividad. A partir de 1991 se estableció una nueva legislación que habría de contribuir a impulsar la entrada de flujos de inversión al país, revirtiéndose la tendencia presentada en la década del ochenta. En 1991 la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó las Decisiones 291 y 292 que derrocaron la Decisión 220 de 1987, eliminando así las pocas restricciones existentes para el movimiento

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