Militarización De La Seguridad pública En El Ecuador

Militarización de la seguridad pública en el Ecuador

El artículo 158 de la constitución ecuatoriana, establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y de la integridad territorial, y que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones cuya responsabilidad corresponde a la Policía Nacional.

Sin embargo a nivel de la legislación secundaria se está tramitando en la Asamblea Nacional, la reforma de la ley de seguridad nacional para permitir el empleo “subsidiario de las fuerzas armadas” para que por disposición del presidente de la República, puedan intervenir en la protección interna, el mantenimiento del control y del orden público, cuando se haga indispensable su contingente por circunstancias de evidente necesidad o de inminente alteración del orden público.

.El fenómeno de intervención militar en labores policiales no es nuevo, las dos instituciones han aparecido ligadas desde sus orígenes comparten ciertos códigos relativos a su estructura y valores, los propios conceptos de seguridad y de defensa que deberían marcar una clara distinción entre ambas instituciones se han vuelto difusos y se fronteras se han desdibujado bastante.

De esta confusión conceptual no han escapado ni siquiera los más altos representantes estatales a nivel continental en temas de defensa nacional, una reseña de la IV Conferencia de ministros de defensa celebrada en Quito en el año 2004 da cuenta de que la tendencia actual se orienta hacia “confundir y borrar las líneas divisorias entre los conceptos de defensa y seguridad ampliando la misión para la participación de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad pública”

Aparentemente el momento de evidente necesidad ha llegado, y el orden público se inminentemente alterado ante el problema delictivo y la incapacidad de la policía para enfrentar con sus propios recursos el control interno de la seguridad hace indispensable (¿inevitable?) la participación del ejército.

Frente a esta realidad, y ante la eventual habilitación legal permanente para que los militares intervengan en el control interno, surgen varios cuestionamientos, el primero de ellos saber si en verdad el problema delictivo ha cobrado dimensiones tales que hacen que la participación militar sea en efecto necesaria e indispensable y no existan otras soluciones o cursos de acción alternativos ( más aun considerando la triste historia de violaciones a los derechos humanos que suele acompañar la intervención militar en el control de seguridad urbana).

Una primera respuesta la otorgan Lucía Dammert y John Bailey quienes han puesto de manifiesto que a nivel latinoamericano la delincuencia constituye una gran preocupación de la ciudadanía mucho más cuando existe una percepción generalizada de que las instituciones que normalmente lidian con el problema no funcionan o son corruptas.

En un contexto de temor creciente y generalizado los gobiernos democráticos sienten la necesidad política-electoral de crear la impresión de eficacia frente a la criminalidad, las soluciones planificadas, las políticas públicas de prevención toman tiempo, y por ende sus resultados son visibles sólo a largo plazo, pero los ciclos electorales son de 6 años o menos (4 en nuestro país), por lo que para obtener rédito político las respuestas tienden a orientarse hacia una mayor represión, la misma que da la ilusión de ser más efectiva, y envía a la sociedad el mensaje de que el gobierno responde de forma rápida y contundente ante el delito y sus perpetradores.

En otras palabras, según Lucía Dammert y John Bailey, el temor público, la lógica electoral democrática y la disponibilidad de las Fuerzas Armadas muestran un panorama marcado por la prácticamente inevitable participación militar en las políticas de seguridad pública.

Sintetizando lo anterior, cuando se experimenta o se crea una sensación de inseguridad, que parece ir siempre en creciente aumento y cuando no se confía en que la institución responsable (la policía) sea capaz de responder adecuadamente, la intervención de las fuerzas armadas aparece como el paso necesario, todo bajo la engañosa consigna de “a grandes problemas, grandes soluciones” que tal vez podríamos traducir de mejor forma como “a situaciones desesperadas, soluciones desesperadas.”

Ahora, si por un motivo u otro, damos por hecho que la participación militar es imprescindible para el control de la seguridad, aparece entonces un segundo cuestionamiento y es saber si en la realidad las fuerza armadas están preparadas para asumir el rol que la sociedad tan “desesperadamente” necesita que asuman y de si en efecto su participación además de ser necesaria, resulta eficiente en el cumplimiento del objetivo del control de seguridad.

Haciendo un comparativo de las capacidades y características de las dos instituciones podemos apreciar lo siguiente :

EJÉRCITO POLICÍA

Énfasis en jerarquía, disciplina y estructura de mando Emulación de valores militares pero orientadas al interior del estado

Espíritu de cuerpo desligado de la sociedad Cercana y relativa colaboración con la ciudadanía

Alta autonomía política y profesional (importancia del secreto),actuación en contextos jurídicos excepcionales Control ejecutivo y ciudadano ,actúan dentro de las normas del pleno estado de derecho

Uso de las armas con alto poder de fuego, siempre que sea necesario

Baja potencia de fuego, uso del arma siempre que sea inevitable

Entrenamiento centrado en el uso de armas, adiestramiento para reaccionar y neutralizar Entrenamiento centrado en las capacidades para lidiar con el público, adiestramiento para prevenir, detener o investigar

Intervención en conflictos bélicos

Intervención en conflictos sociales

Estrategias y tácticas de

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