Necesidades Agroalimentaria

Necesidades en producción agroalimentaria

La Seguridad agroalimentaria es la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente de estos por parte del público consumidor. Se dice que hay seguridad agroalimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos para alcanzar una vida sana y activa.

En tanto ente biológico y social, el ser humano confronta cotidianamente una serie de requerimientos de vida que se constituyen en necesidades para su desempeño y desarrollo, que al conformarse en limitantes u obstáculos para sus propósitos implican problemas ineludibles a superar. Una de estas necesidades supremas la representa precisamente el problema alimentario, cuyos orígenes datan desde la génesis misma de la humanidad, aunque expresado de diferentes modos según el estadio de desarrollo y/o evolución histórico-social, su estructura política, económica y cultural, en correspondencia con el avance de la ciencia y la tecnología a que los individuos y grupos sociales tengan acceso.

En tanto elemento estructural de las necesidades humanas, en lo individual y colectivo, el problema alimentario sigue teniendo vigencia y se profundiza aún más en los albores del siglo XXI, cuando aspectos colaterales derivados del modelo capitalista mundial y su consecuente explosión demográfica, utilización excesiva y depredadora del medio ambiente, entre otros, generan la mercantilización de la alimentación, el desbalance entre la relación oferta-demanda en función a la capacidad de pago de los consumidores, así como el desgaste y deterioro del medio ambiente, debido a la aplicación de tecnologías agroquímicas artificiales en procura de maximizar la producción-beneficio y minimizar los costes de los dueños de los medios de producción, bajo los criterios de la lógica capitalista que evidentemente orienta la concepción del llamado agronegocio.

Al respecto es oportuno acotar que según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en ingles), “hoy la gran mayoría de la humanidad se alimenta con 150 especies cultivadas; 30 cultivos proporcionan el 95% de nuestra energía alimentaria; de ellas sólo 12 especies de plantas proporcionan más del 70% de la alimentación humana, y apenas cuatro: el arroz, el maíz, el trigo y la patata, abastecen más del 50% de la alimentación humana” (FAO, 2005), lo que evidencia el rol de la actividad agrícola como generadora de los productos que satisfacen la principal necesidad de la humanidad, razón por la cual actualmente se hace referencia al término agroalimentación para abarcar de manera integrada tanto al satisfactor como a la necesidad misma, en un binomio inseparable y de obvia consideración simultánea al intentar abordarlos en la búsqueda de las soluciones que reclama la sociedad a las instituciones responsables de producir conocimiento y desarrollo del talento humano.

De tal manera que garantizar la seguridad alimentaria de un país constituye un verdadero problema no sólo de rango económico y social, sino de máxima preocupación política para los Estados, cuyos gobiernos tienen la obligación de garantizar la soberanía nacional combatiendo la vulnerabilidad del suministro de alimentos y asegurando a sus ciudadanos la disponibilidad de los mismos. Necesario es entonces considerar lo acordado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma, Italia, el 13 de noviembre de 1996, respecto a que…“existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (FAO, 1996)

La agricultura como actividad sociopolítica

Históricamente las conquistas de tierras como elementos de riqueza para las naciones, y de los terratenientes en particular, en función a disponer de tierras de labranza y cría, constituyeron el fundamento de soporte sustancial para los modelos esclavo-feudalista, cuya extensión con fines de acumulación de poder y riqueza constituyen también un elemento clave para el sistema de explotación y dominación capitalista, para el cual el rol de producción alimenticia representa una actividad económica más concebida como el agronegocio, altamente rentable dada la connotación de satisfactor de una necesidad vital.

No obstante, al ser asumido desde una perspectiva humanista, y por ende absolutamente contraria a la lógica del capital, el problema agroalimentario se constituye en un asunto de Estado en tanto y cuanto afecta directamente a la seguridad y soberanía nacionales, a los cuales debe darse soluciones reales en términos de sustentabilidad y sostenibilidad como elementos neurálgicos del desarrollo endógeno y la autodeterminación política, económica, social y cultural de los pueblos, fundamentados en la soberanía científica y tecnológica. En este contexto tanto para el sector agrícola como para el ambiental se han diseñado políticas de Estado, se crean instituciones y leyes contra el latifundio, se norman los procesos de producción, transformación, distribución y consumo de manera inocua y sana, además de fomentar la producción y apoyar al pequeño productor con el propósito de lograr la soberanía alimentaría y tecnológica, hechos que desde 1999 marcan hitos sin precedentes en la política del Estado venezolano, pero que aún en la actualidad implican significativas distancias por recorrer.

Es oportuno destacar que la política agraria del Gobierno Bolivariano no sólo combate al latifundio e incorpora campesinos sin tierras a la producción, sino que ha permitido elevar en aproximadamente un 25% la producción nacional de los siete más importantes rubros alimenticios, como el arroz, el maíz, la caraota, el frijol, carne de cerdo y pollo, huevos de gallina y caña de azúcar, lo que constituyen modestos pero firmes resultados de una política de vocación social orientada fundamentalmente al fortalecimiento de la soberanía alimentaria del país, la democratización de la tierra y la justicia social, cuya meta esencial es la transformación del campo y el rompimiento de la injusta estructura de la propiedad, tenencia y uso de la tierra, vigente en Venezuela desde la época de la colonia, con el rescate de aproximadamente 4 millones de hectáreas sustraídas al latifundio que han sido entregadas a los pequeños productores organizados, que han permitido de este modo incorporar a la producción más de 120 mil familias

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