POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE TERRITORIOS RURALES
Enviado por JArze • 9 de Abril de 2013 • 3.977 Palabras (16 Páginas) • 406 Visitas
POLÍTICAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE TERRITORIOS RURALES
INTRODUCCIÓN
Las políticas públicas, por definición, deben orientar la acción pública. Son un reflejo
de la voluntad política del Estado y de las presiones de los diferentes actores sociales,
y aun cuando no sean explícitas, marcan pautas que influyen tanto en las decisiones
de los actores públicos, como en las decisiones de los agentes privados.
El desarrollo rural está condicionado por políticas que tienen lugar en tres niveles
diferentes: (a) el nivel macroeconómico, (b) el nivel sectorial y (c) el nivel territorial.
En esta sinopsis se analiza la importancia de estas políticas en la conformación de
una política de desarrollo rural, tomando como contexto el proceso de reformas en el
que han estado inmersos la mayoría de países de América Latina y el Caribe durante
las últimas dos décadas. En el documento se identifican y repasan tres generaciones
de reformas: (a) reformas macroeconómicas; (b) reformas para dar mayor
participación al mercado; y (c) reformas institucionales.
Las políticas macroeconómicas aportan el marco general que condiciona las políticas
territoriales y sectoriales. Las políticas territoriales –entre las que se sitúan las
políticas de desarrollo rural– otorgan el marco para articular y darle proyección
espacial a las políticas sectoriales, las que, a su vez, reflejan las prioridades de
intervención de los entes públicos y privados. Las políticas sectoriales definen los
componentes de una estrategia de desarrollo rural.
EL MARCO DE LAS REFORMAS DE POLÍTICA
Durante las últimas dos décadas los países de ALC han estado inmersos en
diferentes procesos de ajuste a sus modelos de desarrollo. En este sentido, se pueden
identificar tres generaciones de reformas: (a) las reformas macroeconómicas, (b) las
reformas para dar mayor participación al mercado (c) las reformas institucionales.
Cada una de ellas muestra un grado de avance distinto.
El objetivo inicial de las reformas macroeconómicas fue regresar a escenarios
macroeconómicos de estabilidad. Con ellas se pretendía superar los procesos de
inflación, recesión, desempleo y caída del crecimiento, que a inicios de la década de
los ochenta aquejaban a casi todos los países del continente. La segunda generación
de reformas –desarrolladas en forma simultánea a las primeras– buscaba redefinir el
papel del mercado en la economía. Con diferentes énfasis, los cambios en la
estructura económica para privilegiar al mercado han marcado la esencia de las
nuevas reglas de juego en la mayoría de países del continente.
A la par de estas reformas tiene lugar una amplia
discusión sobre la forma más eficaz de dinamizar
los mercados. Esta discusión está influida por el
denominado Consenso de Washington, el cual
privilegia el crecimiento como elemento
fundamental para lograr el desarrollo económico a
partir del “efecto de chorreo” –el denominado
trickle-down–; en otras palabras, se parte de la
hipótesis de que los beneficios que se derivan de
una mayor transparencia en los mercados se
deberían irradiar al resto de la sociedad. Hoy se
reconoce que el crecimiento es necesario, pero no
suficiente para lograr un desarrollo económico
sostenible y equitativo, especialmente en economías
que arrastran procesos históricos de desigualdad en
el acceso a activos y de imperfecciones en el
funcionamiento de los mercados. Limitaciones
como estas son las que generan la necesidad de
revisar los mecanismos de corrección de
imperfecciones, distorsiones y asimetrías, de
manera que se puedan aprovechar las
potencialidades que ofrecen las instituciones de
mercado para un desarrollo más dinámico y
efectivo.
Las reformas institucionales –la tercera generación
de reformas– pretenden crear las condiciones
necesarias para darle viabilidad a las dos primeras
generaciones de reformas, en un contexto en el que
se cuestiona el alcance de la crítica del Estado que
se dio como parte del Consenso de Washington.
Es en el plano de la estabilidad macroeconómica –
primera generación de reformas– donde mayores
logros se pueden esgrimir, a pesar de que la
situación de muchos países sigue siendo volátil y
vulnerable. La estabilidad se mantiene como meta
clara, al igual que sigue vigente la discusión sobre
los mecanismos, estrategias y costos de los ajustes
efectuados. En el plano de la generalización de las
reglas de mercado –segunda generación de
reformas– se identifican logros menores, en medio
de una prolífica agenda de reformas. Los mercados
se mantienen aún sumamente distorsionados y
acusan grandes imperfecciones, asimetrías e
ineficiencias. El Estado se ha ajustado a nuevas
reglas, pero con gran confusión y numerosos
debates sobre sus nuevas responsabilidades.
La visión de política pública que busca potenciar el
rol del mercado apunta a una redefinición del
concepto de Estado de Bienestar, pero no
necesariamente debe implicar la renuncia a una
acción directa del Estado en la provisión de las
condiciones básicas de desarrollo humano que
atiendan a propósitos de justicia social y viabilidad
política. La potenciación del rol del mercado pasa
por una evaluación de los costos y beneficios de la
intervención del Estado en la economía, así como
de su papel en la definición de reglas del juego
claras para la operación transparente y eficiente de
los mercados.
En el caso de ALC lo que se cuestionaba era el
concepto de Estado de Bienestar que había
prevalecido en la mayoría de los países hasta
finales de la década de los setenta y que se
caracterizaba por una fuerte intervención estatal en
la economía, lo que generaba numerosas
distorsiones (por protección asimétrica,
distribución de rentas, etc.). Pareció darse por
sentado, no obstante, que toda forma de
participación estatal
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